El TC confirma el 'gatillazo' de Conde-Pumpido en los ERE: no adopta decisión alguna contra la Audiencia de Sevilla

El Pleno del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha decidido no adoptar por el momento ninguna decisión para interferir en la intención de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la sentencia del TC que exoneró a los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía.

El Tribunal de garantías anunciaba a través de su Gabinete de prensa que se "ha deliberado durante dos días en relación con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la apertura del trámite de audiencia a las partes, antes del envío de la cuestión prejudicial, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre la relación del Tribunal Constitucional con el derecho europeo y el TJUE".

"La reflexión continúa sobre un tema complejo y en evolución. Por tanto, el debate sigue abierto, entre las preocupaciones del Tribunal. No se ha adoptado decisión alguna", añadía.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "lo señalado por el gabinete de prensa no corresponde exactamente con lo sucedido. En el Pleno, han intervenido todos los magistrados y se ha coincidido en dos cuestiones. En primer lugar, que el Constitucional no puede, ni debe interferir en la actuación de los órganos de la jurisdicción ordinaria.

"En segundo lugar, se ha concluido que existe un problema porque coexisten una pluralidad de ordenamientos y de tribunales. Aunque el TC es el máximo organismo en materia de garantías constitucionales, existe el TJUE que es el tribunal con mayor autoridad en la definición del derecho de la UE que tiene primacía sobre el derecho interno. Por tanto, han de convivir respetando el ámbito de cada uno".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "se ha cerrado el debate sobre la posibilidad que se abrió por parte de Conde-Pumpido de interferir en la decisión de la Audiencia de Sevilla apelando a los artículo 4 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Además se ha remarcado que dichos artículos no son aplicables en este asunto. Es decir, el debate en torno a la sentencia de los ERE está completamente cerrado".

"Conde-Pumpido ha iniciado su intervención en el Pleno pidiendo disculpas por sus malas formas del pasado martes en el Pleno, en el que llegó a gritar a la magistrada conservadora Concepción Espejel", concluyen.

Cinco informes contra Conde-Pumpido

Tal y como publicó este diario, los letrados del Tribunal Constitucional han emitido hasta 5 informes en contra de que Cándido Conde-Pumpido intente bloquear la cuestión prejudicial que planea presentar la Audiencia Provincial de Sevilla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la sentencia del TC que indultó de forma encubierta a los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía. Se trata de la mayor trama de corrupción de la historia de España en la que fueron desviados 680 millones de euros de fondos públicos destinados para ayudas a los parados.

El orden del día del Pleno del TC que arrancó esta martes recogía un "debate jurídico" sobre el "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución". En este debate se analizaría la posible cuestión prejudicial que presentaría ante el TJUE la Audiencia de Sevilla. La ponente era la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán que firmó la sentencia sobre los ERE del PSOE, a pesar de que fue galardonada por uno de los condenados, el entonces presidente andaluz José Antonio Griñán, con la medalla de Andalucía.

En un acto celebrado este lunes, Conde-Pumpido afirmó que "cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución y al sistema democrático". El presidente del Constitucional descartó que durante el Pleno se fuera a adoptar resoluciones que interfieran en la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por los ERE, sino únicamente "un debate jurídico".

Además, aseguró que los magistrados del TC tienen inmunidad en el ejercicio de su cargo y por tanto, no pueden ser investigados por un delito de prevaricación. Por último, apuntaba que los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativa y Judicial) están "sometidos" al Tribunal Constitucional, "incluyendo al Tribunal Supremo" y descartaba que existiera "intervención gubernamental alguna" en el tribunal.

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