La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz, ha presentado este lunes su dimisión, tal como ha confirmado este martes en una comparecencia durante el pleno de la Junta General del Principado. La dimisión se produce tras el trágico accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo, ubicada en el municipio de Degaña, donde cinco mineros fallecieron y otros cuatro resultaron heridos.
En su intervención final, la ya exconsejera arremetió contra PP y Vox al "utilizar políticamente" el accidente de Cerredo, señalando que no les interesa conocer la verdad sobre lo ocurrido. Ha añadido que, a pesar de que el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, le ofreció "su mano" para hablar, nunca recibió respuesta. "No les importa lo que sucedió con la explosión de grisú de Blue Solving. Solo buscan un ataque permanente y personal contra mí, algo que ni yo ni mi familia merecemos", ha afirmado.
Por ello, ha explicado este lunes que presenta su dimisión irrevocable al presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, quien estaba presente en el pleno. "Gracias, presidente, por confiar en mí, pero acepté el cargo para trabajar por Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo ha sido la investigación, la verdad y la justicia. No seré un obstáculo para esa búsqueda", ha expresado.
Belarmina Díaz había ocupado el cargo de consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio durante aproximadamente dos meses, tras suceder a Nieves Roqueñí, actual presidenta del Puerto de Gijón.
Irregularidades bajo investigación
La dimisión de Díaz se produce en un contexto de creciente presión pública e informativa tras conocerse nuevas revelaciones sobre la situación de la mina de Cerredo, gestionada por la empresa Blue Solving. Las primeras hipótesis apuntan a una explosión de grisú como causa del accidente, aunque aún persisten múltiples incógnitas.
Desde el siniestro, distintos medios —entre ellos La Nueva España— han destapado una serie de irregularidades que afectan a la explotación minera: un accidente mortal previo, denuncias anónimas que no fueron tramitadas, y la advertencia expresa del anterior propietario de la mina, Victorino Alonso, quien dos semanas antes del suceso pidió su cierre inmediato alegando riesgos por presencia de gas.
A todo ello se suma el hecho de que Blue Solving fue beneficiaria de subvenciones cuando Sara Aagesen —actual vicepresidenta del Gobierno— dirigía el Instituto de Transición Justa. La empresa está ahora en el centro de la polémica, acusada por algunos de haber buscado una "coartada para reabrir un lavadero" más que de garantizar una actividad minera segura.