Las inundaciones de Valencia siguen demostrando que la capa política española es capaz de superarse a cada paso que da. Tras la indescriptible muestra de incapacidad de prevención, gestión, salvamento, puesta a disposición de efectivos y medios nacionales y ayuda a la víctimas, ahora llega ERC con su granito de arena. Los separatistas, mientras apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez que no ha querido activar los mecanismos de emergencia que le obligaba y obliga la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, reclaman ahora que las ayudas que no llegan a casi nadie, se paguen a las personas con viviendas ilegales o "sinhogares".
Las exigencias de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez que ellos mismos apoyan son las siguientes tras casi medio año desde la inundaciones: "Ampliar los criterios de acreditación de residencia en los municipios afectados por la DANA, aceptando documentos alternativos al empadronamiento, tales como certificados de escolarización de menores; facturas de suministros; informes de asistencia a centros de salud u hospitales; inscripciones en actividades culturales o deportivas; pertenencia a asociaciones, sociedades musicales, centros cívicos u otras organizaciones con personalidad jurídica; informes de los servicios sociales municipales".
¿Qué supone todo ello? Pues que se pueda acreditar tener una vivienda sin tenerla. ¿Podrían entrar los okupas en esta justificación light" Obviamente. Pero, más allá de esta evidente posibilidad, entran con toda seguridad, como destaca ERC los "sinhogar". Pero, entonces, ¿qué indemnización reclaman? Una pregunta a la que no responde ERC.
Los separatistas también quieren "ampliar los plazos de solicitud de ayudas económicas para que las personas en proceso de regularización puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones que el resto de víctimas de la catástrofe natural". Y "asegurar la efectiva regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular afectadas por la DANA, sin discriminaciones ni restricciones que agraven su situación de vulnerabilidad, siempre que puedan acreditar su residencia en los municipios afectados".
Para ERC, "la falta de regulación administrativa condena a miles de personas a una situación de precariedad extrema, que se acentuó por el impacto de la DANA: vulneración de derechos esenciales, sobreexplotación laboral, exclusión de servicios públicos (como la sanidad o la educación) y la imposibilidad de acceder a ayudas o subvenciones para mejorar sus condiciones de vida". Es más, el partido separatista subraya las dificultades para acceder al empadronamiento afectan a quienes viven en situaciones precarias (habitaciones alquiladas sin contrato, bajos sin cédula de habitabilidad, infraviviendas o incluso en situación de sinhogarismo).
No disponer de empadronamiento supone la imposibilidad de acceder a derechos básicos y a las ayudas de recuperación para rehacer sus vidas con dignidad y para una plena integración en la sociedad".
Y, por eso, considera que "las ayudas económicas para paliar los daños personales y patrimoniales han concluido impidiendo que las personas en proceso de regularización puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones".
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