El caso de la menor de 12 años a cargo de la Generalidad catalana que fue violada y ofrecida a otros hombres ha provocado una auténtica conmoción en el seno del Govern de Salvador Illa. Los detalles del caso y el hecho de que la niña estuviera a cargo de la administración y viviera en un centro controlado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) han puesto de relieve la falta de controles y el caos en la atención a los menores que están tutelados o, como en el caso de la niña violada, de los que la Generalidad ostenta la "guarda" porque la tutela pertenece a los padres.
Para tratar de frenar el escándalo, la consejería de Derechos Sociales e Inclusión, que dirige la socialista Mónica Martínez Bravo (exalto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez) ha anunciado un "expediente informativo para revisar qué actuaciones se activaron en 2021, cuando se detectaron los presuntos abusos". Además, la consejera ha solicitado comparecer en la cámara autonómica "para explicar los mecanismos de prevención, protección y atención a la infancia de la DGAIA".
Según una nota hecha pública este miércoles por la Generalidad, "Martínez Bravo informará sobre las actuaciones que ha llevado a cabo la consejería a raíz del caso de la presunta red de pederastia y prostitución de la que habría resultados víctima una niña que se encontraba bajo la guarda de la administración en el momento de los hechos".
En el comunicado se indica que "el caso, denunciado en el año 2021, afecta a diversos menores de edad y está siendo investigado por las autoridades judiciales y policiales. Una de las víctimas, una niña de 12 años, vivía en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia cuando se habrían producido las agresiones. Fue gracias a la intervención del personal educativo del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes, que se pudo tramitar la denuncia y se pudieron llevar a cabo las detenciones".
La consejera Martínez Bravo presentará en la cámara autonómica las conclusiones preliminares del expediente, cuyo objetivo, según dicha nota, es "revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias o ámbitos de mejora y reforzar los mecanismos de protección a los niños que son victimas de violencia sexual".
"Con esta comparecencia en el Parlament, el 'Govern' reitera su compromiso absoluto con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así como con la transparencia y mejora continua de los protocolos de actuación en situaciones de riesgo y de violencia sexual contra la infancia", concluye la nota.
Autorizada a vivir con un novio de 25 años
En las últimas horas se ha sabido que la menor víctima de violaciones grupales había perdido a su madre y que su padre no podía hacerse cargo de ella. También se ha tenido constancia de que la DGAIA autorizó a la menor cuando tenía 15 años a irse a vivir a casa de un novio de 25.
Escándalos constantes
La dirección general de la infancia de la Generalidad es un foco constante de escándalos. Hace un mes la actual consejera destituyó a la directora general y a su segundo nombrados por el Govern de Illa hacía apenas seis meses, pero no se indicó la causa del cese más allá de la protocolaria pérdida de confianza.
Además, la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad ha denunciado en repetidas ocasiones que la DGAIA subcontrató entre 2016 y 2020 (gobiernos de Puigdemont y Torra con consejeros de ERC en Derechos Sociales) 292 centros de menores tutelados por valor de 114,6 millones de euros a través del procedimiento de emergencia y prórrogas "sin amparo legal ni documental".
Los responsables políticos de aquellos gobiernos adujeron una avalancha de menores extranjeros no acompañados para tratar de justificar las groseras irregularidades. La Sindicatura de Cuentas también expuso que unas diez entidades concentraban más de la mitad de los gastos de la DGAIA e incrementaron los costes exigidos a la administración autonómica para atender a los menores.