El Govern de Salvador Illa está desbordado. El caso de una niña de 12 años bajo custodia de la Generalidad catalana violada y prostituida entre 2020 y 2021 le ha explotado en las manos. El expediente era una de las "minas" que han quedado sin explotar de los gobiernos de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) compone una de las siglas claves del asunto. Otras siglas imprescindibles en el caso son las de ERC, el partido de Oriol Junqueras, la formación que ha copado los principales cargos de la DGAIA desde 2016 y también presente en las fundaciones subcontratadas por la Generalidad para atender a los niños y adolescentes desamparados.
El pasado mes de noviembre, la síndica de la Sindicatura de Cuentas, Maria Àngels Cabasé Piqué presentó un demoledor informe en el parlamento autonómico en el que ponía de relieve un rosario de ilegalidades cometidas por la DGAIA entre 2016 y 2020 en la adjudicación de contratos a fundaciones privadas del tercer sector por valor de 944 millones de euros.
En una comparecencia que pasó sin pena ni gloria, la síndica destacó cifras como que en el año 2019 el gasto medio por menor en un piso asistido era de 36.000 euros y sólo un año después dicho gasto pasó a 56.000 euros. También puso como ejemplo de descontrol que en el servicio de primera acogida también había experimentado una subida espectacular, del 15.000 euros en 2018 a 55.672 en 2020, según conta en la transcripción de la sesión.
"Falta de rigor"
En un alarde en el uso de eufemismos, la síndica habló de "falta de rigor" y de "falta de control" cuando se refería a prácticas como adjudicar contratos a dedo y ampliar su dotación y su duración a antojo de los diferentes consejeros de ERC. "Por tanto ¿qué recomendamos? Evaluar las necesidades y hacer estudios económicos de los costes de los servicios para adaptar los precios de los módulos a los costes a soportar por los proveedores de los servicios más el beneficio empresarial que corresponda. Y utilizar un número identificador de cada menor para todos los procesos administrativos", señaló la sindica.
También indicó que su informe "no ponía en cuestión la obligatoriedad de la administración de encargarse de los menores migrantes sino que pide que el servicio se preste con las garantías correspondientes y los procedimientos legales adecuados porque ese también tiene una repercusión entre quienes reciben y entre quienes prestan el servicio".
Es decir, aconsejó que los precios los fijara la Generalidad y no los proveedores de los servicios, así como cumplir la ley en todo lo relativo a la transparencia y publicidad en los concursos.
Todos los grupos sin excepción agradecieron a la síndica su talante pedagógico e hicieron promesas de aplicar las recomendaciones en todo lo relativo a la contratación y gestión de los servicios destinados a los menores desamparados.
La comisión parlamentaria de la sindicatura de Cuentas volvió a reunirse en febrero, pero las tornas habían cambiado. La unanimidad general a favor de poner orden en la DGAIA y examinar los criterios de contratación y la calidad de los proveedores perdió tres componentes. El PSC, ERC y los "Comuns" decidieron tumbar las recomendaciones.
El representante de Junts, Jaume Giró, se mostró estupefacto. "Me parece sorprendente la falta de coherencia porque se apoyó el informe que presentó al sindicatura y en cambio hoy se retira esta propuesta de resolución", señaló el diputado. En la misma línea se pronunciaron los representantes del PP y de Vox, pero sus argumentos fueron en vano.
"Hacer el juego a la extrema derecha"
El diputado de ERC Albert Salvadó fue quien recurrió al comodín de la extrema derecha para justificar la posición contraria al informe. Tras hablar de que no se podía saber la llegada "masiva" de menores inmigrantes no acompañados y que la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el golpe de Estado había facilitado las irregularidades contables, acusó a la sindicatura de ignorar tales circunstancias "y la obligación legal de la Generalidad de ofrecer esta primera acogida con garantías a los menores". Acto seguido dejó caer la bomba: "El informe no presenta una versión ajustada de la realidad y contribuye a hacer el juego a la extrema derecha".
El cambio de opinión del PSC
El PSC y los Comuns estuvieron de acuerdo en dar carpetazo al informe a pesar de que cuando se presentó mostraron la predisposición contraria. Por ejemplo, la diputada del PSC Susana Martínez Heredia (PSC) aseguró que "el sistema de protección al menor en Cataluña es muy mejorable, pero también fuerte. Cuando una persona joven se inserta en el mercado laboral, sólo con cotizaciones e impuestos indirectos puede tener una contribución a la agenda pública de 160.000 euros en un período de veinte años. Por eso nosotros no hablamos de estos menores ni de estos jóvenes como problema, como hemos oído en la diputada del PP. Tampoco hablamos de gasto social, sino que hablamos de inversión social. Ésta es la mejor manera de garantizar que estos niños y jóvenes no caigan en situaciones de pobreza, sinhogarismo o vulnerabilidad. Nuestro grupo parlamentario, por tanto, está de acuerdo con que se tengan en cuenta todas las observaciones y recomendaciones de la sindicatura".
Las observaciones y recomendaciones de la sindicatura también incluían anotaciones sobre las actividades de "Plataforma Educativa", una especie de hotel de fundaciones del tercer sector. Algunos de los cargos de estas fundaciones habían pasado primero por la DGAIA controlada por ERC. Es decir, que adjudicaban contratos millonarios a fundaciones en teoría sin ánimo de lucro en las que habían trabajado o trabajarían con posterioridad.
"Plataforma Educativa"
Esta "Plataforma Educativa" y sus fundaciones fueron las receptoras de más de trescientos millones de euros procedentes de fondos públicos para la atención a los menores en dificultades. También han recibido dinero público para la adquisición del derecho de uso durante 75 años de centenares de viviendas así como para su rehabilitación.
Todo legal, según ERC. Su diputado Albert Salvadó señaló al respecto de los contratos y fondos destinados a estas fundaciones que "entendemos la obligación de la sindicatura de apuntar posibles discrepancias contables. Ahora bien, discrepamos de que la consecuencia sea criminalizar decisiones solidarias aprobadas en consejo de gobierno presididos por el presidente Puigdemont y por el presidente Torra, avaladas por los servicios jurídicos y la Intervención General de la Generalitat, así como por la propia sindicatura entre 2016 y 2020".
ERC, PSC y Comuns creían haber dado carpetazo a las investigaciones de la Sindicatura de Cuentas, pero la Oficina Antifraude también está al caso de las ilegalidades por el testimonio de una suerte de testigo protegido, un trabajador de una de estas fundaciones que se negó a participar en una trama que incluye pagos irregulares a jóvenes que no cumplen los requisitos y también la existencia de plazas fantasma que las fundaciones cobran a la administración a pesar de no estar asignadas a ningún menor.
Por si fuera poco, la filtración de la Fiscalía de los 107 años de cárcel para el pederasta que captó a la menor de 12 años a cargo de la Generalidad ha desbordado la fosa séptica de la DGAIA y las fundaciones del tercer sector beneficiadas por ERC y protegidas por el PSC