El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y su consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, tratan de capear el temporal provocado por el caso de la niña de 12 años a cargo de la Generalidad violada y prostituida por una red de pederastas sin que el escándalo afecte a sus relaciones con ERC y al entramado general de atención a la infancia y la adolescencia en Cataluña.
Las malas prácticas de toda índole en la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) han resultado ser otro secreto a voces en Cataluña, como en su día el 3%, el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos que acabó con la Convergència de Pujol y Artur Mas.
El Govern intenta controlar los daños. Illa se escuda en una aparente determinación. "El gobierno que presido llegará hasta el final en la DGAIA, hasta el final, caiga quien caiga, pete quien pete, salga lo que salga. Y refundaremos la DGAIA y lo haremos con perspectiva de futuro", ha asegurado el líder socialista catalán a preguntas de la diputada de Junts Mònica Sales.
La contundencia ha venido acompañada de un aviso: "Yo no tengo ningún interés en mirar atrás ni en señalar a nadie, pero llegaremos hasta el final. Me sorprende el tono de su intervención, porque de los últimos quince años en Cataluña doce han gobernado ustedes. Y, hombre, pretender que lo que ocurre en la DGAIA –que ocurrió no en estos últimos meses, sino en años anteriores– no tiene nada que ver con su acción de gobierno..., en fin; pero yo no quiero ir por ahí".
La estrategia del 'Govern' es proteger a ERC, prometer un cambio radical pero sin cuestionar la acción de sus socios, aunque los escándalos tienen que ver en su mayor parte con la gestión que el partido republicano llevó a cabo de la DGAIA entre 2016 y 2020, cuando gobernó en coalición con Convergència, posteriormente Junts, y que el caso de la menor violada y prostituida también se produjo bajo su mandato, entre 2020 y 2021. Tampoco ha habido alusiones de Illa y su consejera a la red de fundaciones del "tercer sector" beneficiadas por la DGAIA y a su conexión con ERC.
Subida en el coste de la tutela
Ni Illa ni Martínez Bravo han respondido a las preguntas lanzadas por los portavoces de PP, Vox y Aliança Catalana, los partidos que junto a Vox se han mostrado críticos con la gestión de la DGAIA. Ignacio Garriga, el presidente de Vox, ha preguntado "por qué entre 2018 y 2020 el coste de la tutela de menores pasó de quince mil euros a cincuenta y cinco mil euros; por qué, entre otras cosas, se licitaban los contratos por vía de urgencia y no por procedimiento ordinario, sin cumplir los requerimientos de transparencia. Y por qué tanto usted –efectivamente, su partido–, Junts el que tanto grita hoy– y Esquerra Republicana han convertido la tutela de menores en un auténtico negocio para partidos políticos, asociaciones y fundaciones. En definitiva, ¿dónde está el dinero? Porque lo que es evidente es que no fue a proteger a las menores".
"El 3% parece calderilla", dice Orriols
Garriga no ha obtenido respuesta. Tampoco la dirigente de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll Sílvia Orriols, quien ha señalado que "aquí lo que importa no es el bienestar y la seguridad de los catalanes, lo que importa es colocar a inmigrantes ilegales en pisos, albergues y hoteles propiedad de personas y fundaciones afines al régimen. La corrupción es tan bestia, el escándalo es tan mayúsculo que el tres por ciento de hace unos años empieza a parecer calderilla. Tantas lecciones de moralidad, de humanidad, tanto decirme racista, extrema derecha, fascista y nazi y resulta que quienes me lo decían no es que fueran buenas personas, no, es que veían peligrar el negocio".
Inacción de la Generalidad
Por parte del PP ha intervenido la diputada Lorena Roldán, quien en el turno de preguntas a la consejera se ha despachado con una cascada de preguntas que tampoco han tenido respuesta: "Consejera, yo le recuerdo que usted lleva nueve meses en el cargo y hasta que no se ha visto acorralada con todos estos casos que, insisto, estamos conociendo, usted no ha anunciado la refundación de la DGAIA. ¿Qué pasa, que hace seis meses no era necesaria esta refundación? Entonces, claro, si hasta ahora no se había enterado de lo que ocurría en su departamento, mal, pero si lo sabía y no hizo nada, aún peor. ¿No tenía usted conocimiento del informe de la Sindicatura de Cuentas? ¿No tenía usted conocimiento de la investigación de la Oficina Antifraude? ¿No tenía usted conocimiento de esa denuncia de su trabajador, que, por cierto, ha recibido amenazas tras atreverse a contar la verdad? ¿Cómo puede explicar usted la presunta malversación de fondos públicos durante años a través de las ayudas a extutelados? Es que hay hasta grabaciones, consejera. ¿Qué más necesitaban ustedes para actuar?"
También se ha referido Roldán al caso de la menor para señalar: "¿Qué clase de política de protección infantil es esta? ¿La que protege a los corruptos, abandona a los menores en manos de pederastas o los utiliza como excusa para malversar dinero público? Mire, no, eso no es protección. Eso es hipocresía institucional disfrazada de política social".