El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será procesado. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, ha dictado ya su auto de procedimiento abreviado contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El auto incluye en su pase al banquillo a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, más conocida ya como la fiscal cianuro debido a que en uno de sus mensajes recomendaba ese veneno para Díaz Ayuso.
El juez considera que a lo largo de la instrucción han quedado acreditados los indicios de presunto delito de revelación de secretos y apunta al fiscal general del Estado por facilitar a un medio de comunicación el contenido secreto de un correo electrónico, de fecha 2 de febrero de 2024. El mail en cuestión es el que fue enviado por el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso para llegar a un acuerdo, tal y como el propio fiscal había aceptado negociar. Y ese correo le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.
Pues bien, uno de los párrafos del auto del magistrado del Supremo es especialmente esclarecedor de la gravedad de los hechos: "A nivel indiciario, propio del momento procesal en que se encuentra la causa, a juicio de este Instructor, cabe presumir que", y señala que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Alvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo".
La frase implica, de esta manera a la propia Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que, no sólo podría haber tenido conocimiento, sino haber trasladado "indicaciones" a la Fiscalía.
"Dichas comunicaciones, sin embargo, comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al Fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que le remitieran inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo, y, una vez recibidos, los remitió al Fiscal General del Estado".
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