El informe de 490 páginas de la UCO que ha trascendido este jueves y que ha llevado al Tribunal Supremo a proponer la "declaración voluntaria" de Santos Cerdán ante los "consistentes indicios" de delito incluyen un gráfico elaborado por los investigadores de la Guardia Civil que resumen la trama, cuyas nuevas implicaciones han noqueado al Ejecutivo.
El informe incluye conversaciones grabadas por Koldo García entre 2019 y 2023 que "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba" y en la que Ábalos y Cerdán resumían las cantidades que se les debía vinculándolas a "adjudicaciones concretas". En el informe, se apunta a "actuaciones que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación", utilizando para ello a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con un "papel determinante" y el director general de Carreteras, Javier Herrero.
Todos ellos aparecen en el gráfico que adjunta la UCO en el informe, con los rostros de los protagonistas de los audios y los logotipos de las empresas involucradas. La primera operación a la que se alude es de 2018 e implica a Acciona y Adif, con la licitación del soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia y el "nuevo acceso Levante-Madrid-Castilla. No es la única empresa que aparece: también se mencionan presuntas irregularidades en contratos adjudicados a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y LIC.
Entre las adjudicaciones que se mencionan, la UCO subraya cómo Santos Cerdán habría gestionado 620.000 euros procedentes de Acciona: 550.000 asociados a dos adjudicaciones en Murcia y 70.000 vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto". También se mencionan otros 450.000 "pendientes de abono" que aludirían a tres adjudicaciones de Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
Según la UCO, Cerdán "no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría".