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El fiscal general "dictó" la nota de prensa que reveló la negociación secreta de González Amador con el fiscal

La segunda sesión del juicio contra el fiscal general ha arrancado con la declaración como testigo de la jefa del Gabinete de Prensa de García Ortiz.

La segunda sesión del juicio contra el fiscal general ha arrancado con la declaración como testigo de la jefa del Gabinete de Prensa de García Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entrando en el Tribunal Supremo. | EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "dictó" la nota de prensa que reveló la negociación secreta entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso Julián Salto.

La segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado con la declaración como testigo de la jefa del Gabinete de Prensa de García Ortiz, Mar Hedo.

La responsable de Comunicación de la Fiscalía General del Estado ha asegurado que la nota informativa que se publicó el 14 de marzo de 2024 la elaboró la noche anterior y que la información se la "dictó" el propio fiscal general. Según Hedo, la primera versión de la nota se terminó casi a las 12 de la noche.

Según Hedo, el documento Word de la nota de prensa se la envió por WhatsApp al fiscal general: "Decidimos entre los dos hablando que se metía en la nota el dato de que se reconocían dos delitos por parte del abogado". Además, ha precisado que la nota de prensa "a las 6:45" solo se la había enviado a su compañero Íñigo Corral del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid y al fiscal general. Cuando el abogado de González Amador, Gabriel García Ramón, le ha preguntado si también se filtró al diario El País la nota de prensa que ella había elaborado, la directora de comunicación afirmaba: "Se filtran muchas cosas en España".

"La preocupación del fiscal general era destacar la conducta impecable de la Fiscalía de Delitos Económicos y de la Fiscalía de Madrid y dar una información veraz", apuntaba. Según la responsable de Comunicación de García Ortiz, las informaciones sobre Díaz Ayuso siempre levantan mucha expectación mediática y tras conocerse la investigación abierta a su pareja, la propia Ayuso "sembró la sombra de la sospecha" en torno al papel de la Fiscalía General.

El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid quiso dimitir

Tras la declaración de Mar Hedo, llegaba el turno de la declaración como testigo del responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral. Este recordaba cómo hablando con su jefa, la fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra, le transmitió que no quería hacerse responsable de la difusión de la nota de prensa con la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Llegando a afirmar que si fuera así, dimitiría de su cargo.

Posteriormente, Corral afirmaba que su jefa le transmitió que había orden del fiscal general del Estado de difundir la citada nota. Finalmente, se trasladó a los medios de comunicación con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid de Pilar Rodríguez y con el de la Fiscalía Superior de Madrid que dirige Almudena Lastra.

"No había protocolo de borrado" de móviles

Esmeralda Rasillo, fiscal de sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, testigo propuesta por la defensa de Álvaro García Ortiz, cuyo departamento suministra a los fiscales móviles ha explicado que los dispositivos se cambian periódicamente o cuando un fiscal lo pierde, se los sustraen o no le funciona bien. El protocolo no es distinto con respecto al Fiscal General del Estado. "Nunca se ha hecho con el fiscal general del Estado, el funcionamiento es igual", ha dicho.

A continuación, afirmaba García Ortiz que cambió de móvil de media una vez al año, en total cinco veces. Según Rasillo, cuando se cambia el móvil, el anterior debe devolverse, pero no siempre sucede y que esos móviles suelen guardarse en una caja en la Fiscalía General, donde pueden permanecer años sin ser reclamados por las autoridades ni las compañías proveedoras. En ocasiones, esos teléfonos son reasignados a otros fiscales. Después afirmaba que no existía un protocolo específico para el borrado de los móviles, a pesar de que García Ortiz alegó en numerosas ocasiones que dicho protocolo existía.

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