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Un notario del caso Forestalia investigado por blanqueo de capitales escondió contratos de la trama en una caja fuerte

"Los contratos no se anexaron a la escritura pública. Se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría", según la UCOMA.

"Los contratos no se anexaron a la escritura pública. Se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría", según la UCOMA.
Parque eólico. Fotografía de archivo. | Unsplash/Ludovico Ceroseis

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha detallado en un informe las presuntas contraprestaciones que habría recibido Eugenio Domínguez a cambio de favorecer que se desarrollen determinados proyectos eólicos y fotovoltaicos relacionados con Forestalia y el papel de un notario que habría ayudado a la trama.

El caso de Forestalia está siendo actualmente investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel por presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Hace unas semanas el presidente de la compañía, Fernando Samper, y otras cinco personas, entre las que se encontraban un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, fueron detenidos.

Así se desprende de un informe de la UCOMA, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se señala los investigados ejecutaron en 2023 una "maniobra de opacidad deliberada en la notaría de Javier de Lucas Cadenas" para ocultar la compra de participaciones sociales de las mercantiles Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy, empresas que adquirirían participaciones sociales de Babieca Investment Renewable S.L.

"Estructura ad hoc para la recepción de pagos ilícitos"

La Unidad describe a varias entidades relevantes en este proceso, entre las que se encuentra Estudio de Asesoramiento Dherco S.L. Los investigadores describen esta compañía como una entidad de "vital importancia para entender la canalización de estos presuntos pagos". La Unidad explica que esta entidad fue constituida por la familia Domínguez Heredero "como una estructura ad hoc para la recepción de pagos ilícitos".

En esta compañía figura como Administradora Única Montserrat Heredero y como socios sus propios hijos. La UCOMA destaca de esta empresa su "nula actividad" comercial y el objeto social de la misma, "el cual se centra en el diseño y decoración de viviendas y locales comerciales frente a la realización de estudios de impacto ambiental para la implantación de energías alternativas". Para los investigadores resulta "técnica y lógicamente insostenible" que una empresa de estas características "se presente simultáneamente como consultora técnica para realizar complejos proyectos de energías renovables, salvo que su función real sea servir de ‘pantalla’ para canalizar los pagos vinculados al cargo público de Domínguez".

De igual manera, el informe hace referencia a la empresa Caliope Innova que fue constituida presuntamente por Eduardo Pérez para "actuar como el intermediario entre las relaciones societarias" entre Domínguez y Forestalia.

La Caja fuerte

En concreto, la UCOMA señala que se produjeron dos contratos en la notaría, uno de compraventa entre Caliope Innova y la empresa Estudio de Asesoramiento Dherco para la compra de participaciones en Caliope Energy Greem, y otro en el que el propio Domínguez junto a su esposa firmaron un contrato privado para comprar participaciones de Caliope Smart Energy.

"Los contratos no se anexaron a la escritura pública. Se introdujeron en sobres cerrados custodiados en la caja fuerte de la notaría, impidiendo cualquier rastro en el Índice de Actividad Notarial estándar", señalan los investigadores que consideran que "este mecanismo podría estar vinculado a una clara operativa compatible con el blanqueo de capitales".

La Unidad prosigue relatando que solicitó al notario esta información y este remitió únicamente uno de los movimientos. Ante las sospechas de la presunta ocultación deliberada, los agentes se personaron en la notaría para entrevistarse con el notario.

El notario les indicó que "al ser un depósito físico, no tenía la obligación de incorporarlo al acta pública" y la UCOMA pidió al juez que investigue la causa autorización para que se "procediera a precintar ambos sobres para poder asegurar la cadena de custodia de dichas pruebas".

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