El presidente del Parlamento catalán, el sedicioso indultado y amnistiado Josep Rull, no está solo en su propósito de convertir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en papel mojado. Cuenta con ERC y con los socialistas, que apoyan a Rull en la presentación de un recurso de casación contra la resolución del TSJC que anula las bases de un concurso para acceder al empleo de chófer de la cámara porque se exigía un nivel intermedio de catalán, el B2.
Los magistrados establecen que el nivel de conocimiento del idioma catalán debe ser el nivel B1 (elemental) en lugar del B2, que según los miembros del órgano rector del Parlamento era el que correspondía porque entre las funciones de los conductores incluían la de "interaccionar" con sus señorías.
Los tres diputados del PSC, los dos de Junts, Rull es uno de ellos, y los dos de ERC que forman la Mesa del Parlament han aprobado por unanimidad un recurso de casación contra la sentencia, que estimaba parcialmente una denuncia de Convivencia Cívica Catalana.
Estos diputados interpretan además que la decisión judicial no afecta al proceso de selección de personal para el empleo de chófer que ya ha finalizado. En un comunicado en la web del Parlamento autonómico, Rull asegura que "hemos hecho las cosas de manera adecuada, legal e impecable". También afirma que la sentencia "tiene más elementos políticos que jurídicos, cosa que es una mala noticia no sólo para el Parlamento sino para el conjunto del país (sic)".
"Inseguridad extraordinaria"
Según la tesis del expresidiario que dirige la Cámara regional, la sentencia puede afectar a la administración de la Generalidad porque "abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria". La resolución judicial señalaba que las bases vulneran los artículos 14 (principio fundamental de igualdad) y el 23.2 (derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos) de la Constitución.
Sin embargo, Rull retuerce la interpretación del caso y llega a afirmar que "lo que queremos es un país normal en el que sus trabajadores públicos puedan utilizar la lengua propia del país con normalidad". El acuerdo de socialistas, republicanos y juntaires en la Mesa de la Cámara incluye la modificación de los estatutos del régimen y el Gobierno del Parlamento "para dar más solidez a nuestra posición".