El separatismo considera que las leyes solo son respetables cuando les favorecen. Y que las sentencias solo se pueden aplicar si a ellos no les afectan. Nada nuevo bajo el sol. De ahí que cinco exconsejeros de Cultura de la Generalidad se hayan querellado contra la juez de Huesca que sentenció a favor de la devolución del arte sacro expoliado en la Guerra Civil en el Monasterio de Sijena.
La querella, que presentan el fugado Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Àngels Ponsa y la condenada por corrupción Laura Borràs, acusa a la juez, al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Sijena de un delito contra el patrimonio histórico pues consideran que el traslado provocará la destrucción de los murales, saqueados de Sijena tras un incendio provocado por milicianos anarquistas y llevado a Barcelona en 1936, donde han permanecido desde entonces.
El abogado Jaume Alonso Cuevillas, que fue letrado de Carles Puigdemont y de otros golpistas, es el autor intelectual de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Alonso Cuevillas, que también fue diputado de Junts y anteriormente decano del Colegio de Abogados de Barcelona, acusa a la magistrada de prevaricación porque entiende que hay sentencias que no se pueden ejecutar y que se deben aplicar otras medidas. Parecidos argumentos a los esgrimidos por los abogados de los golpistas catalanes cuando el Tribunal Supremo tomó cartas en el intento de golpe de Estado separatista de octubre de 2017.
El fugitivo y la sentenciada
Dos singulares circunstancias concurren en la iniciativa de los exconsejeros. En primer lugar, uno de ellos está en situación de busca y captura por orden del Tribunal Supremo. Se trata de Lluís Puig, efímero consejero de Cultura de Carles Puigdemont. A pesar de su situación, no tiene reparo en recurrir a la justicia para intentar frenar una sentencia. Desconfía y confía en la justicia, no la reconoce en su caso pero apela a ella en el caso de Sijena.
En segundo lugar, la reaparición de Laura Borràs, condenada a cuatro años de prisión y trece de inhabilitación por fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas. Los magistrados que la condenaron pidieron un indulto parcial en el propio texto de la sentencia para que no tuviera que ingresar en prisión.
Borràs fue condenada en marzo de 2023 y desde entonces permanece en una especie de limbo a la espera de un indulto que el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha tramitado. En junio de 2025 trascendió que la Fiscalía de Cataluña se opone al indulto y al efecto emitió un informe en el que señalaba que "no existe ninguna razón fundada en derecho que justifique el indulto" y también que "la conducta delictiva de la señora Borràs es claramente merecedora de la imposición de las penas legalmente previstas". Además y sobre la pena de prisión, la Fiscalía apuntaba que "deviene necesario su cumplimiento".
Exconsejera de Cultura, expresidenta del Parlamento catalán y expresidenta de Junts, el caso de Borràs es una patata caliente que no parece que vaya a resolver en breve. Tal vez crea que como en su caso no se ha ejecutado la condena tampoco tiene que ejecutarse la devolución del arte románico expoliado en Sijena.
Las obras en cuestión siguen en el denominado Museo Nacional de Arte de Cataluña, cuyos rectores están poniendo toda clase de trabas para cumplir el fallo. El director del museo es un sobrino de Narcís Serra, Pepe Serra, que ejerce el cargo desde 2011 y se muestra muy beligerante en contra de la juez de Huesca, cuya decisión cuenta con el aval del Tribunal Supremo.