
El matrimonio formado por el exmagistrado Baltasar Garzón y la fiscal Dolores Delgado dirigirá la Memoria Democrática en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio Fiscal. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidía este miércoles la reunión del Consejo de Memoria Democrática en la que se acordaba la designación de Garzón como presidente de la 'Comisión de la Verdad' creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura.
Dicha comisión incorporará en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos. Por su parte, Dolores Delgado es la fiscal de sala de Memoria Democrática desde 2023. Su labor es coordinar las investigaciones y actuaciones del Ministerio Fiscal en materia de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. También, aplicar la Ley de Memoria Democrática, especialmente en relación con los hechos ocurridos "durante el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil española y la dictadura franquista".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "es un escándalo que el Gobierno haya nombrado a Baltasar Garzón como presidente de la ‘Comisión de la Verdad’ de la Memoria Democrática. En primer lugar, porque fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación. En segundo lugar, porque su esposa Dolores Delgado es la fiscal encargada de la Memoria Democrática".
"Ya es sorprendente que el Ejecutivo socialista haya creado la figura de fiscal de sala de Memoria Democrática, cuando son fiscales que no participan en ningún juicio ya que o las presuntas víctimas ya han fallecido o los presuntos agresores están amnistiados. En la Fiscalía de Memoria Democrática se limitan a realizar un trabajo únicamente administrativo. Sería inconcebible mantener por ejemplo a unos cirujanos en un hospital si no se dedicaran a operar. Pues bien, en la Fiscalía de Memoria Democrática se paga a fiscales que no celebran juicios", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Delgado estará obligada a abstenerse si recibe un procedimiento de Memoria Democrática derivado de la ‘Comisión de la Verdad’ que preside su esposo Baltasar Garzón. Es una vergüenza, el Gobierno de Pedro Sánchez actúa con un descaro nunca antes visto en democracia".
El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los fiscales deben abstenerse por razón de "vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad" en un procedimiento.
Recordamos que el pasado mes de diciembre el Gobierno constituyó el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano consultivo presidido por Ángel Víctor Torres y del que forman parte asociaciones y personas como el citado Baltasar Garzón o Cristina Almeida.
Todos los integrantes de la ‘Comisión de la verdad’
Según la regulación del Consejo de la Memoria Democrática, la 'Comisión de la Verdad' estará compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. Junto a Garzón, integrarán la comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.
Asimismo, el consejo ha designado un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano, que contará además con una subcomisión específica para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Este Patronato de Protección a la Mujer fue una institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad sin haber cometido ningún delito tipificado.
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