El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a 3 años de prisión por encubrimiento tras sustituir sin permiso 42 metros de vía donde se produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 víctimas mortales. ADIF sólo comunicó previamente la sustitución de otros 36 metros de carril.
La titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Montoro, Cristina Pastor, ha requerido a ADIF que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2", identificando a la empresa suministradora del carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto, así como la persona que aconsejó a ADIF la sustitución preventiva, y los trabajadores y técnicos de ADIF con los que la empresa suministradora y su director técnico "trataron la incidencia y trabajador y/o responsable de ADIF que autorizó el cambio de carril". Además, ha instado a la Guardia Civil de Córdoba a que "proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución de carril de 36 metros de longitud" y da 5 días a ADIF para que "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "el ministro Óscar Puente se enfrenta hasta a 3 años de cárcel si la investigación judicial acredita que el titular de Transportes dio la orden a ADIF de retirar 42 metros de la vía donde se produjo la tragedia de Adamuz sin informar previamente a la autoridad judicial que investiga el accidente ferroviario".
"La providencia de la juez Cristina Pastor instando a ADIF y a la Guardia Civil a que aclaren e investiguen por qué se sustituyeron 42 metros de carril sin permiso, más los otros 36 metros de los que sí se informó, está muy bien redactada para esclarecer los hechos", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "el artículo 451 del Código Penal establece que por el delito de encubrimiento: 'Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. O bien, ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura'".
Otros 4 años de prisión por delito de homicidio imprudente
Tal y como publicó este diario, Óscar Puente puede enfrentarse a otros 4 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Adamuz por un segundo presunto delito de homicidio imprudente con resultado de 46 fallecidos. La paradoja de este tipo de delitos es que la pena que se impone no depende de la consecuencia final del delito. Por lo tanto, se impone una condena máxima de hasta 4 años de cárcel por un homicidio imprudente, independientemente del número final de víctimas ocasionado, ya que no es un delito doloso.
Si la jueza de Montoro logra acreditar que el ministro de Transportes fue informado previamente del estado deficiente de las vías o de la infraestructura ferroviaria y no adoptó ninguna decisión para arreglar esta situación, sería responsable de los 46 homicidios imprudentes, ya que su omisión habría incrementado el riesgo de que se produjera el accidente. Todo ello, a pesar de que no tuviera intención o voluntad de ocasionar las muertes.
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