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El Gobierno tiene en sus manos el futuro de tres magistrados del Supremo que juzgan la trama Koldo

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "Bolaños ha metido la reforma en el congelador hasta que se jubile en septiembre el juez Peinado".

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "Bolaños ha metido la reforma en el congelador hasta que se jubile en septiembre el juez Peinado".
Vista general del primer día del juicio por el caso de las mascarillas. | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en sus manos el futuro de tres magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán la trama Koldo. Se trata del presidente de la Sala Penal Andrés Martínez Arrieta y de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Andrés Palomo, que tendrían que jubilarse entre este año y el siguiente tras cumplir 72 años. El Ejecutivo socialista, con el ministro de Justicia Félix Bolaños a la cabeza, prepara una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prevé aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años.

Martínez Arrieta, Sánchez Melgar y Palomo integran el tribunal que juzgará desde este martes al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en el Alto Tribunal. Los magistrados Manuel Marchena, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández son los otros miembros que componen el citado tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Félix Bolaños ha metido la reforma de la edad de jubilación de los jueces en el congelador hasta que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, se jubile el próximo mes de septiembre al cumplir los 72 años".

"El magistrado del Supremo Andrés Palomo tiene que jubilarse en los próximos meses y no se vería beneficiado por la ampliación de la edad de jubilación del Ejecutivo, aunque podría ser propuesto como magistrado de consenso en una eventual renovación del Tribunal Constitucional. El pasado mes de julio, al conformar la Sala de Apelaciones del Supremo en la causa del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó un voto particular en contra de su procesamiento subrayando que no resultaba ‘posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración’ contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador", añaden.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD subrayan que "la reforma legal sí podría beneficiar al actual presidente de la Sala Penal Andrés Martínez Arrieta, que cumpliría 72 años en abril de 2027. Martínez Arrieta es considerado un magistrado izquierdista independiente y su postura frente a la Ley de Amnistía del 1-O negándose a incluir el delito de malversación cometido por el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont no gustó al Ejecutivo socialista. El pasado mes de julio, la Sala Penal del Supremo acordaba archivar la exposición razonada que le remitió el juez Peinado contra Bolaños por delitos de falso testimonio y malversación en el marco del caso Begoña Gómez con la ponencia del propio Martínez Arrieta".

"Julián Sánchez Melgar es el otro magistrado del Supremo que juzgará la trama Koldo y que podría ser beneficiado por la ampliación en la edad de jubilación que prepara el Gobierno ya que cumple los 72 años en septiembre de 2027. Sánchez Melgar fue fiscal general del Estado durante los últimos meses del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. En julio del año pasado confirmó el procesamiento del entonces fiscal general del Estado García Ortiz", apuntan.

"El actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (Sala Tercera), Pablo Lucas, cumple 72 años este mes de julio. No obstante, al igual que Palomo lo más probable es que no le afecte dicha reforma si el Ejecutivo no pretende ponerla en marcha hasta que se retire el juez Peinado en septiembre. También cumplirán 72 años a lo largo de 2026 los magistrados de la Sala Penal Juan Ramón Berdugo y Ángel Hurtado", concluyen.

La edad de jubilación máxima de los jueces

El artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la jubilación por edad de los jueces y magistrados es forzosa y se decretará con la antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir los 70 años.

No obstante, podrán solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como máximo 72 años de edad. Esta solicitud es vinculante para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que solo podrá denegarla si no se cumple el requisito de edad o el plazo de dos meses de antelación.

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