Nuevo desafío de socialistas y separatistas a la justicia en Cataluña. Como en los tiempos más ásperos del procés, la mesa de la cámara catalana se enfrenta a las autoridades judiciales y recupera el modus operandi del golpe de Estado, el incumplimiento de las resoluciones judiciales. La última, la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 20 de marzo que dicta que la bandera de España debe ondear siempre en el edificio en iguales condiciones que la bandera autonómica.
Como ya es tradición en Cataluña, la institución afectada, en este caso el parlamento regional, se opone y recurre para evitar el mandato judicial. Apela a su autonomía para determinar su funcionamiento y la exhibición de los símbolos, una atribución que vulnera de entrada y sin entrar en más detalles la
Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Dicha ley establece que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado" así como que "la bandera de España debe ocupar lugar destacado, visible y de máximo honor, no pudiendo ser de menor tamaño que otras banderas autonómicas o locales que la acompañen".
Pero según la dirección del Parlament, la última palabra es la suya y entre sus planes no está cumplir la ley sobre los símbolos nacionales ni las medidas cautelares ordenadas por eel TSJC. La organización constitucionalista Impulso Ciudadano fue la que denunció ante los tribunales el maltrato a la bandera nacional en el parlamento catalán y los magistrados de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC señalaron que la obligación de que ondee la bandera de España "no es opcional ni simbólica, sino una exigencia jurídica derivada de la Constitución y de la Ley 39/1981, que impone la presencia permanente de la bandera nacional como expresión de la soberanía, la unidad del Estado y los valores constitucionales que representa".
Unanimidad entre socialistas y separatistas
La resolución data del pasado 20 de marzo y ya hay reacción por parte de la mesa del Parlament. El recurso. El órgano de control de la cámara catalana está presidido por el indultado y amnistiado Josep Rull (Junts). La vicepresidenta primera, Raquel Sans, es de ERC. El vicepresidente segundo, David Pérez, del PSC. Los cuatro puestos restantes se los reparten a razón de dos el PSC, uno para Junts y el otro para ERC. Y decisiones como la de presentar recurso por las banderas se toman por unanimidad.
Socialistas y separatistas arguyen que las banderas de España y Cataluña sólo se izan cuando hay pleno y se arrían al terminar las sesiones. Que eso es una costumbre adoptada en 1980 y formalizada en 2009. Que con esa práctica se pretende informar a la ciudadanía de que el parlamento está reunido en sesión plenaria.
La señera gigante
Se olvidan de mencionar deliberadamente la señera gigante plantada al lado del edificio, una sábana cuatribarrada de 54 metros cuadrados en lo alto de un mástil de 25 metros de altura, la gran contribución al catalanismo del presidente de la cámara, Rull, el exconsejero de Territorio de la Generalidad que fue el único que apareció en su despacho el lunes siguiente a la proclamación de la república en el parlamento. Para cumplir con las medidas cautelares en su recta interpretación, la mesa de la cámara debería ordenar la retirada de la señera gigante o instalar una bandera nacional de similares características en un mástil idéntico.
Hasta el momento presente, la gran hazaña de Rull había sido prohibir que barcos para alojar a policías nacionales durante el golpe de Estado atracaran en el puerto de Palamós, de competencia autonómica. Rull es el único miembro de Junts encarcelado que mantiene buenas relaciones con Oriol Junqueras. También dispone de la complicidad del PSC para imponer su agenda simbólica contra España y mantener viva la llama del golpismo en la sede parlamentaria de la región.