El Gobierno citó este miércoles a las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema, prórroga a la que ya se han opuesto algunas comunidades como Madrid.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a presidir a partir de las 10:30 horas una nueva reunión que, como muchas de las anteriores, se prevía tensa, ya que existen grandes diferencias entre la postura del Gobierno y las comunidades más afectadas por la presión migratoria, como Canarias, y otras presididas por el PP, como Madrid.
Pero, según ha podido saber Libertad Digital, ninguna autonomía gobernada por los populares, a excepción de la ciudad de Ceuta, se ha conectado a esta reunión que se iba a celebrar de forma online, por lo que ésta no se celebrará por falta de quórum, según han informado fuentes del Ministerio. "Sira Rego se lo ha buscado, le dijimos nuestras condiciones y no han tenido nada en cuenta, la consecuencia es que no vamos para que no haya quorum en la votación, para no tener que votar eso", señalan fuentes del PP.
La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha explicado que su negativa a acudir al encuentro se debe fundamentalmente a una cuestión de coherencia.
"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad hoy no asistiré", señala Dávila en declaraciones remitidas a los medios, toda vez que, según denuncia, ha sido convocada hoy de forma ilegal. "Es una convocatoria ilegal porque el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas", explica la consejera. "Además, ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores, recurrido ante la Justicia por la Comunidad de Madrid".
Es por ello que Dávila considera que no existe cobertura legal para "este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas" y denuncia que el Gobierno lo que quiere es "prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad, no se me ocurre nada más inhumano". Y concluye tajante: "Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportistas de las mafias y Madrid no se lo va a permitir".
En esta línea, y tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno de la nación haya "tratado de meter" en el orden del día nuevos puntos que no están "permitidos por el propio reglamento" y ha cargado contra una ministra Juventud e Infancia, a la que ha calificado de "trilera".
"Tiene que mandar la documentación y tiene que haber un grupo técnico que se reúna y que pueda preparar la documentación con carácter previo a que la ministra y los consejeros se puedan reunir. Lo que pasa es que se ha dado cuenta que tiene una norma caducada y por eso ha sido la prisa", ha reprochado.
Además, García Martín ha reivindicado que en la Comunidad de Madrid llevan trabajando "desde hace muchísimo tiempo" por la igualdad de oportunidades con políticas de integración para las personas inmigrantes, frente a un Gobierno que solo apuesta por "el caos migratorio".
El pasado lunes, la consejera madrileña mandó una carta al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello al haber expirado los plazos y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema.
Una misiva a la que respondió este martes el ministro Ángel Víctor Torres, asegurando al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que se equivocaba: los traslados siguen teniendo absoluta cobertura legal y los ha avalado recientemente la Fiscalía Provincial de Madrid en base al interés superior del menor, según defendió en otra carta.