La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel remitir la investigación del caso Forestalia a la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Santiago Pedraz, ya investiga desde hace meses bajo secreto de sumario a la empresa de energías renovables que presidía Fernando Samper en el marco de la denominada operación Leire o trama SEPI.
En un escrito de 11 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía Provincial de Teruel afirma que "se ha ido perfilando con la investigación policial, indiciariamente, la presencia de una actuación administrativa, en orden a favorecer o privilegiar a unas empresas frente a otras, donde de manera lucrativa y mediante cohecho, se han podido realizar los informes ambientales (DIA) de manera arbitraria; así, siguiendo la sentencia citada, la distinción entre los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en orden al bien jurídico protegido, aunque no resulta fácil al participar ambos de la idea de ataque al correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular la protección del deber de objetividad e imparcialidad que ha de regir su funcionamiento en la labor de satisfacer los intereses y servicios generales que la ciudadanía demanda, al regular el Código Penal, artículo 428 y concordantes del CP, el delito de tráfico de influencias y/o el de cohecho".
"Se interesa la INHIBICIÓN de esta causa, al Partido Judicial de Madrid (insistiendo se esté a la espera de aclarar lo relativo a su correspondencia con el contenido de las DPA 150/2025 del Instrucción Central 5), y en relación, provisionalmente, con el proceder de las personas identificadas, como son Jesús Lobera Mariel, José Luis Castellanos, Alfredo Boné Pueyo, Ana Cristina Fraile García y Luis Marruedo Espeja, así como el comprador por Forestalia, Fernando Samper Rivas, y por si dicha compra en escritura notarial, pudiese haber sido la antesala de un trato de favor – tráfico de influencias, para con las empresas del grupo Forestalia ante el Inaga", apunta la fiscalía.
"Por su parte, en lo relativo a los presuntos delitos que apuntan los atestados para los seis investigados (repitiendo Fernando Samper como nexo de unión entre el Inaga y el Miteco, además de la figura central que es Eugenio Domínguez, su esposa Montserrat, los hermanos, presuntos testaferros, 'testaferros', Eduardo y Roberto Pérez Águeda y el notario participante en la compraventa de participaciones sociales, Javier de Lucas y Cadenas), a partir del auto de entradas y registros, de organización criminal, cohecho y prevaricación ambiental, entre otros posibles, en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que se referirían a los tres 'Clúster' mencionados, de energía renovable – L'Eliana, Begués y Maestrazgo, aunque en especial a este último, donde los indicios apuntan a la obtención de DIA favorables, con resoluciones arbitrarias que provocan la obtención de autorizaciones previas sustantivas, salvo el caso de L'Eliana o Albarracín, pero no concedido por caducidad; así el Clúster Begués, con avanzada construcción de los parques, no así de la línea de evacuación al punto que le daba nombre en Barcelona, y Maestrazgo o Morella, con informe pericial, solo parcial", subraya.
"Procederá por tanto remitir la causa, al Partido Judicial de Madrid, y en su caso al Juzgado Central de Instrucción nº 5, sin perjuicio en el ínterim, de tomar precauciones, por si se dilatase el procedimiento y con la advertencia de la oportunidad de prórroga de instrucción, cuyo plazo fina a mitad de junio de este 2026", destaca.
Suspensión de las obras del Clúster Maestrazgo
El Ministerio Fiscal solicita además "la MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL LLAMADO CLÚSTER MAESTRAZGO, a la vista de los daños y perjuicios ambientales que se podrían provocar con la construcción, tal como señala en informe pericial, no siendo preciso ello en los otros dos clústeres —el de L'Eliana por no contar con autorización previa pese a las presuntamente prevaricadoras DIA, el de Begués, por estar ya construidas y el daño causado—".
"Si su Señoría lo entiende procedente, y con vistas a garantizar los derechos de terceros de buena fe, podría realizarse VISTA al respecto de dicha medida y su eventual adopción, a fin de escuchar a las partes personadas y al tercero afectado, previa identificación y citación mediante auxilio policial de Equipo Investigación Seprona de la Comandancia de Teruel de la Guardia Civil", concluye.
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