La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) ha acorralado al empresario Fernando Samper en el marco del caso Forestalia al acreditar la "entrega de beneficios económicos a un funcionario público para asegurar resoluciones administrativas arbitrarias a favor de sus proyectos".
La semana pasada, Fernando Samper anunciaba su dimisión como presidente de Forestalia, una de las principales empresas españolas de energías renovables (especializada en parques eólicos y solares). Su hijo, Ricardo Samper García, fue nombrado nuevo director general y asumía las funciones ejecutivas del grupo para garantizar la continuidad de la empresa. Según el comunicado de Forestalia, la dimisión buscaba "facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso" y "garantizar la estabilidad del grupo" en medio de la investigación judicial abierta. El empresario es investigado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En un nuevo informe de la UCOMA, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores señalan que el delito de cohecho activo cometido por Fernando Samper "se fundamenta en la presunta entrega de beneficios económicos a un funcionario público (Eugenio Domínguez, Ministerio para la Transición Ecológica) para asegurar resoluciones administrativas arbitrarias a favor de sus proyectos. A través de su mercantil Nearco Renovables SL, Samper Rivas transmitió 3.000 participaciones sociales de Fuentes de Energía de Fumarel SL hacia Caliope Innova SL, empresa dirigida por su colaborador Eduardo Pérez Águeda y propiedad en un 50 % de su hermano Roberto Pérez Águeda a través de su empresa FUNDASOFT SL".
"El Grupo Forestalia es señalado como el principal y casi exclusivo beneficiario de un trato privilegiado en la tramitación de expedientes ambientales, obteniendo Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a pesar de haber eliminado un gran número de deficiencias técnicas. El presunto beneficio entregado, permitía al funcionario (Domínguez Collado) participar en la propiedad de las mercantiles promotoras cuyos proyectos él mismo debía autorizar o supervisar".
Según la UCOMA, el delito de blanqueo de capitales "se justifica mediante el diseño de una arquitectura mercantil y notarial opaca para ocultar el origen y destino de las ganancias derivadas del cohecho. Samper utilizó una red de empresas intermediarias (como el grupo Caliope y Babieca) que, a pesar de tener un capital social reducido y baja operatividad real, servían para ocultar al verdadero beneficiario final de las concesiones eólicas. La red empleaba a los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda (este último vinculado directamente a Samper en Nearco Renovables) como administradores para desvincular formalmente al presidente de Forestalia de los pagos al funcionario. La organización utilizó recurrentemente la misma notaría para realizar ‘actas de depósito’. Estas permitían guardar contratos privados de compraventa de participaciones sociales en sobres cerrados dentro de una caja fuerte, evitando que la operación dejara rastro en el Índice de Actividad Notarial estándar y eludiendo el control de las autoridades financieras".
El informe apunta explica el delito de pertenencia a organización criminal: "Los indicios apuntan a una trama jerarquizada, estable y profesionalizada que instrumentalizó instituciones públicas para fines privados. Samper mantenía reuniones "habituales y casi semanales" con directivos de organismos ambientales como el INAGA, lo que denota una relación anómala que excedía los cauces formales de la administración. Para asegurar resultados favorables, se promovió la división artificial de proyectos (como el Clúster Maestrazgo en 22 parques de 50 MW) con el fin de eludir la supervisión estatal más estricta y mantener la tramitación en el órgano autonómico donde la organización ejercía mayor influencia".
Prácticas de "puertas giratorias"
La Guardia Civil afirma que "la organización reforzaba sus vínculos integrando como directivos en el Grupo Forestalia a ex altos cargos de medio ambiente (como Alfredo Boné o Luis Marruedo) inmediatamente después de que estos dejaran sus puestos públicos, lo que se interpreta como una recompensa por los tratos de favor otorgados".
"Más allá de que él (Samper) y su empresa Forestalia son los beneficiarios finales del desarrollo de proyectos de energía renovables a pesar de sus altos impactos ambientales, la trama societaria y especialmente los hermanos Pérez Águeda tenían una relación de subordinación y confianza que podía traspasar los límites laborales, llegando al ámbito personal, como evidencia el cambio de padrón en el año 2025, pasando de su vivienda habitual de Zaragoza a un piso propiedad de Roberto Pérez Águeda sito en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) que habita su hermano César Pérez Águeda", concluye.
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