El empresario Antxon Alonso fue uno de los enlaces entre el entonces presidente de Forestalia, Fernando Samper, y el alto cargo de la que fuera ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera investigado por supuesta corrupción medioambiental, Eugenio Domínguez, en el marco del caso Forestalia.
Antxon Alonso es el dueño de Servinabar, empresa de la que tenía el 45% el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su nombre aparece también en el caso Forestalia tras dejar de administrar una empresa investigada en la trama el mismo día que Cerdán fue excarcelado y, ahora como nexo entre Forestalia y el alto cargo de la entonces ministra Ribera.
Según un informe de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital, Eugenio Domínguez mantuvo varias reuniones con los testaferros de Fernando Samper y Antxon Alonso para estudiar negocios relativos a las energías renovables.
El nexo vendría desde los contactos de Domínguez por su actividad en el Ministerio para la Transición Ecológica. A través de estos conoce a Ignacio López-Galiacho, CEO de la consultora medioambiental Altacia, empresa para la que, según declararon varios testigos a los agentes de la Guardia Civil, también trabajaba Domínguez cuando terminaba su jornada laboral en el Ministerio.
Es López-Galiacho quien le presenta a Antxon Alonso "para mantener conversaciones sobre los posibles proyectos" medioambientales. "Posteriormente Eugenio Domínguez mantiene diversas entrevistas y en una de ellas le presentan a Roberto Pérez Águeda, el cual se presenta como especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica". En realidad Roberto Pérez Águeda es señalado por los investigadores, aportando numerosas conexiones, como el "testaferro" de Fernando Samper.
En una de las citadas reuniones, "Roberto Pérez Águeda les muestra un esbozo de cómo va a crear la estructura societaria para desarrollar dichos proyectos de energías renovables, donde presuntamente iban a recaer los supuestos beneficios producidos por la explotación de diferentes parques eólicos".
Finalmente, Eugenio Domínguez compró 2.999 acciones de dos empresas vinculadas a la trama, mientras que su esposa, Montserrat Heredero, compró la única acción que quedaba. Cada acción se valoró en un euro, desembolsando el matrimonio un total de 3.000 euros para cada una de las dos empresas. Esta compra se realizó bajo la supervisión del notario encarcelado posteriormente por su vinculación en la trama. Este precintó los contratos y los guardó en la caja fuerte de su despacho, donde los investigadores han encontrado "los indicios más claros e importantes" para demostrar cómo operaba la trama.
"Estos hallazgos vendrían a reforzar la hipótesis expresada en diligencias anteriores en la que Roberto Pérez Águeda serviría como un presunto testaferro o persona interpuesta entre Fernando Samper Rivas y Eugenio Domínguez Collado, en la percepción de posibles contraprestaciones económicas por parte de este último, al crear y gestionar empresas pantalla investigadas en esta trama, donde Eugenio Domínguez es titular de participaciones sociales de forma indirecta", explica el informe.
Así, la trama certifica que el alto cargo del Ministerio de Teresa Ribera que ejercía en esos momentos como subdirector general de Evaluación Ambiental, "jugó un papel vital y determinante en su posterior aprobación" de los proyectos de Forestalia.
El propio Domínguez reconoció en declaración a los agentes de la Guardia Civil que tenía relación con Antxon Alonso. Según dijo "fue la persona que le presentaron para iniciar 'una inversión en proyectos de energías renovables' proyectos en los que, sorprendentemente, Eugenio Domínguez participó mediante el desarrollo de propuestas de declaraciones de impacto ambiental durante su etapa en el Miteco".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com