El Gobierno ha lanzado una orden —que no se encuentra fuera de lo habitual pero que sí destaca por su rapidez— para que las cárceles den publicidad entre los presos para que estos se acojan a la regularización masiva. Esta orden podría tener el objetivo de acelerar la tramitación de la regularización de aquellos presos que tengan antecedentes policiales pero no penales y obtengan sus permisos antes de ser condenados.
El Gobierno aprobó la pasada semana un Real Decreto por el que se promulgaba la regularización de, según los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, medio millón de inmigrantes afincados ilegalmente en España. Esta orden no permite a aquellos inmigrantes que hayan sido condenados en firme que regularicen su situación; pero sí que lo hace con aquellos que tengan antecedentes policiales.
Algunos de estos beneficiarios son aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio oral. Estos inmigrantes ilegales tienen antecedentes policiales —los que los han llevado a la detención—, pero no penales, al no haber sido juzgados por un tribunal. En este contexto, el Ministerio del Interior le ha trasladado a los altos mandos de las prisiones españolas que ofrezcan publicidad de la norma en las prisiones agilizando así que se tramiten las solicitudes realizadas por los presos que puedan verse beneficiados por la norma. El porcentaje de población extranjera en las cárceles españolas ronda el 30%.
Según han desvelado fuentes penitenciarias a Libertad Digital, Interior ha ordenado "informar a la población interna extranjera de la existencia de un nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, bibliotecas...".
La agilidad a la hora de difundir la orden, según han explicado estas mismas fuentes a este diario, se podría deber a dos razones: que el Gobierno quiera recibir sus solicitudes cuanto antes para realizar un registro de aquellas personas que tengan antecedentes policiales para denegar su solicitud; o, la más preocupante, que la celeridad se deba a que el Ejecutivo quiere recibirlas cuanto antes para otorgarles el permiso de residencia antes de que los encarcelados sean condenados en firme.
La orden trasladada por el Ministerio del Interior no iría encaminada a que los funcionarios insten a que se pida el certificado, pero sí —como se realiza con otras normas de las que se pueden beneficiar los presidiarios— indica el deber que tienen de informar a los encarcelados e instruirles sobre cómo pedir la regularización si no saben cómo hacerlo. "También se indica que se debe enviar una estadística de las peticiones mensuales que haya", indican las mencionadas fuentes.