La Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil ha certificado la probable comisión de un delito de organización criminal en el seno del caso Forestalia.
Los investigadores apuntan que la presunta organización criminal estaría liderada por el que fuera presidente de la compañía de energías renovables, Fernando Samper, que habría creado entramados empresariales para pagar al que fuera alto cargo en el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga esta trama de corrupción.
Un informe de la UCOMA, al que ha tenido acceso Libertad Digital, subraya que, entre los delitos que se les achacan y sobre los que se han encontrado suficientes indicios, se encuentra el de organización criminal.
"En lo referente a la pertenencia de organización criminal, se han obtenido evidencias que abundan en la idea de que Fernando Samper, a través de sus hombres de confianza (Roberto y Eduardo Pérez Águeda), creó entramados empresariales de actividad ficticia que utilizó para, de forma premeditada, pagar a Eugenio Domínguez Collado y su mujer, Montserrat Heredero, a cambio de que este último, en su calidad de subdirector general y, posteriormente, asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, facilitara el desarrollo de proyectos de energía renovable de Forestalia. Y, a sabiendas de que esos pagos eran totalmente ilícitos, se valieron del notario Javier Cadenas para ocultar la mencionada contraprestación", aseveran las conclusiones del informe.
De la misma forma, los investigadores creen haber encontrado indicios suficientes que permitan –posteriormente, en juicio oral— demostrar la comisión de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Cohecho y blanqueo de capitales
Respecto al cohecho, el informe asevera que la trama intentó ocultar los contratos de compraventa de las empresas que recayeron en manos de Eugenio Domínguez, el exalto cargo del Ministerio de Teresa Ribera, y su mujer. Para ello, se contó con la connivencia del notario Javier de Lucas Cadenas, que guardó los contratos en una caja fuerte en lugar de elevarlos a público. Una de las empresas recibió un préstamo de más de cinco millones de euros de otra de las empresas propiedad de Eduardo Pérez Águeda, uno de los señalados como "testaferros" de Samper. Con ello, se incrementaba "indirectamente el valor patrimonial de las empresas adquiridas por el exsubdirector general de Evaluación Ambiental".
"Pero además se ha podido saber que esta transmisión de sociedades para su posterior incremento patrimonial responde a la ejecución de un plan predeterminado que le fue ofrecido por Roberto Pérez Águeda al exsubdirector general y que se llevó a cabo premeditadamente ante el notario de confianza de Roberto. Es fácil deducir, cuando se analizan las diferentes irregularidades que cometió Eugenio Domínguez para facilitar la obtención de declaración de impacto ambiental favorables para proyectos de Forestalia, que la contraprestación que se ha descrito fue a cambio de esta facilitación irregular", sentencian los investigadores acerca del delito de cohecho.
Por último, el informe resalta que "se ha podido evidenciar que la trama empresarial mediante la que se ha realizado la contraprestación del cohecho está formada por multitud de empresas ficticias, las cuales no parecen tener otro propósito que el instrumental para la justificación de operaciones mercantiles y dinerarias que ocultan su verdadero propósito, que en este caso no ha sido otro que pagar a un responsable público con capacidad de influencia para el beneficio de Forestalia".
"Asimismo, se entiende que son acciones de blanqueo de capitales la ocultación que se llevó a cabo mediante el contrato de compraventa que no se elevó a público y en la que el notario omitió numerosos deberes de comprobación establecidos por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que habrían obligado a no permitir realizar esos actos de compraventa", sentencian las conclusiones del informe.
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