El empresario Víctor de Aldama certificó en su declaración en el Tribunal Supremo que el Ministerio de Hacienda aplazó la deuda de una de sus empresas, Pilot Real State. Este trato de favor podría haber supuesto la comisión de tres delitos por parte del jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno.
La ahora líder de los socialistas andaluces negó cualquier tipo de privilegio para los integrantes de la trama Koldo después de que Aldama asegurase que había pagado 25.000 euros a Moreno. María Jesús Montero puso "la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete y este negó cualquier tipo de contraprestación. Ambos negaron conocer si se había producido el aplazamiento.
Fuentes cercanas a Víctor de Aldama que han sido consultadas por Libertad Digital, encuadran el pago de los 25.000 euros a Carlos Moreno por parte del empresario no como el pago del aplazamiento; sino como una comisión de los múltiples tratos de favor que la trama habría recibido por parte del Ministerio de Hacienda y, en concreto, por la mano derecha de María Jesús Montero.
Aun así, según otras fuentes jurídicas, la Fiscalía podría entender, si tuviese constancia clara de que se hubiese producido el pago de los 25.000 euros, que se trata de una mordida íntimamente vinculada a la concesión del aplazamiento. La deuda a la Agencia Tributaria (AEAT), según dijo Aldama en sede judicial, se habría quedado "en un limbo" durante cuatro años.
Estas fuentes aseveran que, si se demuestra el pago de la comisión y que Moreno ordenó –que dijo haber dado "traslado" de la petición a la AEAT— que se forzase el aplazamiento. Porque, según dijo él mismo como testigo en el Supremo, la persona a la que trasladó la petición le respondió que la empresa no cumplía con los requisitos para recibir el aplazamiento. Es decir, que de haberse producido efectivamente, sería ilegal.
Estas fuentes destacan que de probarse todos los hechos, Moreno podría haber incurrido en la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho. Algo para lo que Montero, si se acreditase, podría haber sido "inductora del delito de prevaricación administrativa". Aun así, destacan que para ello, tendría que haber una demostración clara y fáctica de que ella lo ordenó. Este extremo sería que Moreno presentase una orden firmada por Montero, "algo que es casi imposible que se haya producido".
Otras fuentes jurídicas de alto nivel aseveran que se podría dar la investigación por parte de un Juzgado de Instrucción si se presentasen pruebas contra el exdirector de Gabinete de Montero. Si esto se produjera, "lo más seguro" es que Montero tuviese que ir a declarar en calidad de testigo. Sin embargo, estas fuentes advierten de que, "en derecho penal, en estos casos, normalmente la pagan los últimos de la fila".
Aun así, recalcan que, si se probase que hubo una orden de Moreno para que se diese el aplazamiento a la empresa de Aldama a pesar de no cumplir los requisitos y si se aportaran los informes que demuestran que la empresa no cumplía los requisitos técnicos para que se le concediese el aplazamiento, sí que podría ser investigado y condenado el exjefe de Gabinete de Montero.