El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, ha presentado una demanda contra la cadena SER, el diario digital El Plural y el activista y exconcejal socialista Fernando Jabonero por la presunta vulneración de su derecho a la intimidad al difundirse datos detallados de su vivienda en La Adrada (Ávila).
La demanda, que asciende a 450.000 euros, se fundamenta en la publicación de información relativa a la segunda residencia del magistrado tras el inicio de las diligencias judiciales sobre la esposa del presidente del Gobierno.
Según el escrito, los contenidos difundidos incluían la referencia catastral, la ubicación exacta del inmueble, su localización en un camino forestal, así como imágenes de la propiedad y material cartográfico que permitía su identificación.
Difusión de datos del inmueble
El juez sostiene que los datos publicados no eran necesarios para informar sobre la situación administrativa de la vivienda, que estaba siendo objeto de un expediente municipal. En su argumentación, subraya que la inclusión de elementos como la referencia catastral o la localización precisa excedía el interés informativo.
Peinado señala como origen de la información a Fernando Jabonero, quien, tras conocerse la investigación judicial, presentó diversos escritos ante el Ayuntamiento de La Adrada relacionados con la situación urbanística del inmueble. Según la demanda, posteriormente habría difundido resoluciones administrativas a medios de comunicación y publicado contenidos en la red social X.
Publicaciones de la cadena SER y El Plural
Uno de los artículos señalados fue publicado el 21 de febrero de 2025 en la web de la cadena SER bajo el titular "El Ayuntamiento del PP en La Adrada investiga si el chalé del juez Juan Carlos Peinado es ilegal". La información incluía una imagen exterior de la vivienda en la que se apreciaba la numeración del inmueble, además de su localización y referencia catastral.
Un día después, la imagen fue sustituida por un mapa de la zona, aunque la versión original quedó accesible en internet. Por estos hechos, el magistrado solicita a este medio una indemnización de 50.000 euros.
En el caso de El Plural, la demanda se centra en una publicación del 3 de marzo de 2025, en la que se difundía la imagen de un documento administrativo vinculado al expediente urbanístico. En ese documento figuraban la dirección del inmueble y la referencia catastral.
La información identificaba además a Fernando Jabonero como receptor del documento. Por este motivo, el juez le atribuye también un papel en la difusión de los datos. La reclamación económica asciende a 300.000 euros para el medio y 100.000 euros para el activista.
Consecuencias tras la publicación
Según recoge la demanda, la difusión de estos datos permitió identificar la vivienda en herramientas digitales como Google Maps, donde aparecieron marcadores con denominaciones como "prado junto a chalet Peinado", "derribos DesPeinado", "camino del torpe justiciero" o "peineta Cristina".
El escrito señala que, a partir de ese momento, se detectó la presencia de personas en las inmediaciones del inmueble. Estas personas, según la demanda que ha conocido El Confidencial, acudían al lugar tras conocer su ubicación y proferían gritos audibles desde la vivienda, donde se encontraba el entorno familiar de Peinado.
El procedimiento
La demanda sitúa estos hechos en un contexto que describe como de "presión institucional", vinculado al inicio de la investigación judicial sobre Begoña Gómez. En este marco, el juez menciona declaraciones públicas y la difusión de informaciones que, según el escrito, cuestionaban su actuación.
Asimismo, se hace referencia a acciones previas emprendidas por el magistrado en defensa de su honor frente a declaraciones de responsables públicos y tertulianos, así como a un procedimiento judicial en curso por presuntas injurias y calumnias relacionadas con publicaciones en redes sociales.
El documento también alude a informaciones sobre la posible existencia de mecanismos organizados de recopilación y difusión de datos sobre operadores jurídicos implicados en procedimientos de relevancia política, aunque estas referencias se presentan como parte del contexto descrito en la demanda.