No hay suficientes socorristas con conocimientos acreditados de catalán como para asumir la demanda veraniega de estos profesionales en Cataluña. Muchos de los especialistas en salvamento que vigilan las zonas de baño en las playas catalanas son de origen argentino, por lo que las empresas que se apuntan a los concursos de adjudicación de esos servicios no pueden garantizar que sepan hablar y escribir en catalán. Eso ha llevado por primera vez a un consistorio a renunciar a la exigencia de catalán. Se trata de la localidad gerundense de Palafrugell, en plena Costa Brava y con varias playas en el término municipal.
El Ayuntamiento ha tenido que renunciar a la cláusula del contrato que incluía la exigencia del nivel C1 de catalán ante la imposibilidad de las empresas que optaban al concurso de garantizar profesionales del socorrismo con ese perfil lingüístico. Las empresas, según avanzó el digital Crónica Global, son Aquasos, Esproade y Pro-activa, esta última de Òscar Camps, el máximo responsable de Open Arms. El mismo medio asegura que Cataluña sufre un déficit cada verano de 4.000 socorristas titulados, según datos de la "Associació d’Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic (AECSA)". También apuntaba que más de la mitad de los socorristas que trabajan en Barcelona son argentinos que recalan en verano en Europa tras haber trabajado los meses anteriores en su país.
En el caso de Palafrugell, las tres empresas en cuestión se pusieron en contacto con el ayuntamiento de Palafrugell para informar de que les resultaba imposible encontrar personal cualificado que además supiera catalán. El concurso quedó desierto y para evitar quedarse sin socorristas, se ha elaborado otro pliego de condiciones a fin de contar con profesionales del salvamento aunque no conozcan el idioma catalán, según cuenta el diario ABC este martes.
La vía judicial
La temporada de baño comienza oficialmente el próximo 1 de junio y dura hasta el 30 de septiembre, lo que ha obligado al consistorio a activar un nuevo concurso por la vía de urgencia. Palafrugell está gobernada por el PSC y no es el primer ayuntamiento que se ve obligado a renunciar al requisito del catalán obligatorio. Una sentencia judicial en un proceso instado por Convivencia Cívica Catalana tumbó el requisito del catalán para acceder a una plaza de peón en el cementerio de Vich. La justicia eliminó también el requisito del catalán para optar a una plaza de chófer en el parlamento de Cataluña.
En la misma línea y también a instancias de Convivencia Cívica Catalana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó al Ayuntamiento de Barcelona a un cocinero que no pudo acreditar el nivel B2 de catalán.
En enero de 2024 ya fue despedido un clarinetista de la banda municipal porque no pudo acreditar el nivel C1 de catalán. José Joaquín Sánchez, un sevillano que contaba entonces 53 años fue despedido después de 27 años de desempeño en la banda municipal. Para resolver la situación de los funcionarios interinos, entre los que se contaba el músico, el Ayuntamiento impuso el catalán como requisito para asentar sus plazas.