La fiscal general del Estado Teresa Peramato y la Fiscalía Europea están mirando para otro lado con el objetivo de no investigar a la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero por un presunto delito de malversación tras desviar fondos de la UE para pagar pensiones.
El Tribunal de Cuentas ha detectado en un informe sobre la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 el uso de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para el pago de pensiones. El organismo señala que la medida se adoptó ante la falta de crédito suficiente para cubrir compromisos vinculados a pensiones de clases pasivas y complementos a mínimas. En ese escenario, se autorizaron modificaciones presupuestarias financiadas con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato o la Fiscalía Europea son competentes para investigar a la exministra de Hacienda María Jesús Montero como responsable de los Presupuestos por un presunto delito de malversación tras desviar fondos de la UE para pagar las pensiones. También serían responsables del citado delito de malversación todos aquellos miembros del Gobierno o altos cargos que participaron en la decisión".
El artículo 433 del Código Penal tras la reforma aprobada por el propio Gobierno de Pedro Sánchez establece que "la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años, si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado, y de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, si no resultare".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Peramato podría ordenar abrir una investigación a través de la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de fondos de la UE para pagar pensiones. Sin embargo, se ha puesto de perfil para no dañar al Gobierno de Pedro Sánchez en general y a la exministra de Hacienda María Jesús Montero en particular. Montero es la candidata del PSOE a las próximas elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo".
"Por su parte, el mandato principal de la Fiscalía Europea es proteger los intereses financieros de la UE. Por ello, es competente para investigar y perseguir delitos como el fraude contra el presupuesto de la UE, la malversación de fondos o activos europeos por parte de funcionarios públicos. También debe investigar la corrupción y el blanqueo de capitales vinculados a esos fondos. En este contexto, debe actuar cuando hay un perjuicio al presupuesto de la UE. No obstante, el fiscal europeo de España, Ignacio de Lucas, fue elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez y el que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en abril de 2023".
El informe del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas desvelaba este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones.
En un informe de 745 páginas relativo a las cuentas de 2024, el tribunal recogía que "la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros (una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros), ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)".
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