El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha destapado una presunta trama criminal que operaba en las mismísimas cloacas del partido del Gobierno. Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado aprecia indicios sólidos de que se ofrecieron 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria clave del 'caso hidrocarburos'— con un objetivo cristalino: "modificar o condicionar su declaración testifical" y tapar así las vergüenzas de Ferraz.
La gravedad del auto radica en que señala directamente al corazón de la fontanería socialista. Pedraz detalla el funcionamiento de una organización presuntamente dirigida por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y coordinada por la exmilitante Leire Díez. La misión de esta red no era otra que "desestabilizar" las investigaciones judiciales que pudieran amenazar la supervivencia política del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, como ha confirmado el propio juez a la exclusiva de LD, se urdieron en los días de reflexión del presidente tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.
El origen del pánico en el cuartel general socialista se remonta a la confesión de la propia Carmen Pano. La empresaria ratificó ante los tribunales que en octubre de 2020 llevó personalmente 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Unos pagos que, según su testimonio, se realizaron en dos entregas de 45.000 euros guardados en bolsas, siguiendo las órdenes del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
Ante el temor de que Pano tirara de la manta de forma definitiva en sede judicial, la maquinaria de las cloacas se puso a funcionar. El auto revela un nauseabundo intercambio de mensajes entre el abogado Ismael Oliver (también imputado) y la coordinadora de la trama, Leire Díez, días antes de la comparecencia de la testigo: Ismael Oliver: "Es importante y si queréis lo negocio yo". Leire Díez: "Negócialo. Si puedes, hazlo".
Tras recibir luz verde, la conversación no deja lugar a dudas sobre los métodos mafiosos empleados: "Esta se vende. Debemos saber comprar", llegaron a afirmar de forma explícita. El magistrado concluye que el soborno se materializó indiciariamente por un montante de 50.000 euros, utilizando como brazo ejecutor a Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García.
El juez Pedraz sospecha que esta presunta organización criminal no solo intentó silenciar a empresarios, sino que habría ofrecido de forma sistemática "remuneraciones" a fiscales y miembros de la Guardia Civil a cambio de "información" confidencial para obstaculizar los procesos judiciales que cercan al Gobierno socialista.