La cloaca del Partido Socialista trató de conseguir información sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de ofrecimientos al fiscal José Grinda de contraprestaciones económicas por valor de 300.000 euros o puestos de trabajo en el extranjero.
El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha señalado que en el período de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjo una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán y Ion Fernando Antolín. Este hecho acredita que la imputación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, dio inicio a la 'cloaca del PSOE'.
Así se desprende del auto del magistrado de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que refleja las líneas de actuación concretas desarrolladas por la cloaca. Una de estas líneas sería la relativa al fiscal Grinda, "tanto por la propia actuación como responsable de la función pública que pretendían de él, como por considerarlo un medio para obtener información que afectase al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón".
Pedraz señala que, según la información recopilada en la causa, "le hizo llegar a este fiscal un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Alejandro Luzón". Como contraprestación, la organización investigada llegó a proponer "un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, ya que existen anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros".
Sobre esta cifra económica, el juez alude a una agenda intervenida a la fontanera socialista que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Para realizar este ofrecimiento, prosigue el auto, "la organización contó con una persona ajena a la misma, Pere Rusiñol Costa, que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento, lo cual tuvo lugar el día 27 de febrero de 2025".
De lo que se tiene constancia, al margen del testimonio de Grinda, es de que el empresario Javier Pérez Dolset le remitió a Díez el contacto de Rusiñol y, tras producirse el encuentro, "Rusiñol remitió a Leire un mensaje en el que, utilizando un lenguaje velado, le daba cuenta del resultado del mismo: 'No había agua, al menos de momento'".
De igual manera, el magistrado también identifica como una de las líneas de acción de la cloaca al propio fiscal Ignacio Stampa. Díez y Dolset mantuvieron una reunión en julio de 2025 en la que le ofrecieron "cuestiones profesionales como su retorno a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como personales, como la intercesión en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto".
El conjunto de los indicios recabados por el juez señala que estos hechos suponen "el inicio de las actuaciones coordinadas por Leire Díez" que tenían el objetivo de "obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE". Además, al frente de estas actuaciones el magistrado señala al por aquel entonces secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.
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