El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario de la causa en la que se investigan las cloacas del PSOE de Leire Díez y Santos Cerdán.
El juez ordenó la pasada semana varios requerimientos de información en torno a la investigación llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entró en la sede nacional de Ferraz y en la Dirección General de la Guardia Civil. Ahora, el magistrado levanta el secreto de las actuaciones que le han llevado hasta su decisión de entrada y registro en Ferraz.
En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor ordena el levantamiento del secreto de sumario, si bien reserva una pequeña parte bajo secreto. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la parte que seguirá bajo secreto de sumario está vinculada a unos contratos de adjudicaciones públicas realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ahora, las partes personadas en la causa y los investigados tienen que otorgar una identificación a la Audiencia Nacional, que debe trasladar al Ministerio de Justicia la pretensión y, una vez aprobada, estos podrán acceder al sumario. Por tanto, no es inminente que se ponga a disposición la información recabada en los últimos meses por Pedraz, sino que esta se encontrará fuera del alcance de las partes, según apuntan las citadas fuentes, durante unos tres o cuatro días.
En este sentido, el juez levanta el secreto de todas y cada una de las actuaciones que ha llevado a cabo para investigar las supuestas actividades ilícitas de la trama de Santos Cerdán, que habría liderado "por orden del One" un operativo mediante el que poner la estructura del partido a disposición de una "estructura criminal" para desprestigiar a los jueces, fiscales y altos cargos policiales que se encontraban investigando la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.
A ojos del juez Pedraz, esta estructura habría sido financiada por el PSOE, que habría desembolsado al menos 188.000 euros para que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dólset, junto a otros implicados, intentasen sobornar a altos cargos judiciales y policiales y desprestigiar a otros con el objetivo de torpedear las investigaciones contra Begoña Gómez, David Sánchez, o los afectados por el caso ERE.
En concreto, el magistrado señaló en el auto que la cloaca del PSOE tendría como objetivo principal al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; al teniente coronel de la UCO Antonio Balas; y a los jueces Beatriz Biedma, Mercedes Alaya y Juan Carlos Peinado.