Todos los etarras reclamados por la Audiencia Nacional a Venezuela tienen deudas pendientes con la justicia española por diferentes crímenes, la mayoría atentados con resultado de muerte.
Barrutiabengoa Zabarte
Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe, Potolo y Botoco, a quien el Gobierno chavista quiso conceder la nacionalidad en el año 2006, estuvo vinculado a los Comandos Autónomos Anticapitalistas antes de su integración en la banda asesina ETA. Es autor del asesinato del fotógrafo y militante del PSOE y UGT Germán González López, considerado el primer asesinato de un militante socialista tras la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Dos días después de la publicación del recuerdo de su asesinato y su semblanza en Libertad Digital, una sobrina de Germán González nos remitió una carta para dejarnos su testimonio de lo que supuso en su familia el asesinato de su tío y sus sentimientos por lo que estaba sucediendo desde que Bildu entró en las instituciones, testimonio que publicamos íntegramente y puede leerse en este enlace.
Barrutiabengoa Zabarte es también autor de los asesinatos del delegado de la compañía Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel García Cordero, y del guardia civil Aurelio Prieto Prieto, ambos en 1980.
Barrutiabengoa reside en Caracas desde hace más de cuatro décadas junto a su pareja, María Artola Echeverría, que está también incluida en la comisión rogatoria remitida a las autoridades venezolanas. Aunque a Artola no se le atribuyen asesinatos, la AN la investiga por su papel dentro del EIPK (el Colectivo de Huidos Políticos Vascos), tanto en Venezuela como en otros países.
Iñaki de Juana Chaos
Es uno de los casos más dolorosos para las víctimas de la banda terrorista, que consideran su situación una burla a todo el dolor causado por este asesino de ETA y un ejemplo palmario de lo barato que le ha salido a ETA matar. Como miembro del comando Madrid, participó de forma directa en terribles atentados por los que fue condenado por la Audiencia Nacional a más de 3.000 años por 25 asesinatos consumados, destacando de manera muy señalada, por su impacto (aunque cualquier asesinato es igual de importante en sí mismo) la masacre de la plaza de la República Dominicana en 1986 —en el que fueron asesinados 12 guardias civiles y decenas quedaron heridos—; otra masacre en la calle Juan Bravo de Madrid —en la que fueron asesinados otros 5 guardias civiles— y múltiples asesinatos selectivos de militares, policías y civiles durante su periodo como miembro del sangriento comando Madrid.
Tras su condena a prisión, obtuvo beneficios penitenciarios por trabajo en prisión que redujeron su pena (entonces máxima de 30 años, pues fue juzgado por el Código Penal de 1973), pero una nueva condena cuando estaba a punto de salir de prisión le llevó a iniciar una serie de huelgas de hambre entre 2006 y 2007 y provocó una enorme polémica en torno a su figura. Salió finalmente en libertad el 2 de agosto de 2008 tras haber cumplido un total de 21 años de prisión efectiva por la totalidad de sus crímenes. Unos meses después, cuando fue citado por la AN por un delito de enaltecimiento del terrorismo, huyó de la justicia, primero a Irlanda del Norte y posteriormente a Venezuela, donde fue localizado en 2015.
José Luis Eciolaza Galán
José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo, es un histórico miembro de la banda asesina ETA y también uno de sus fugitivos históricos, de los más buscados tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como por la Justicia española.
Durante los años 80 formó parte del comando denominado Goierri Kosta y se le imputa una trayectoria criminal sanguinaria por su implicación en una veintena de asesinatos cometidos en esos años 80, muchos de ellos como miembro de ese comando. Dos de los atentados más impactantes del Goierri Kosta fueron el cometido contra el bar Haizea de Zarauz en 1980, dirigido contra un grupo de guardias civiles que se encontraban libres de servicio fuera del local, en el que murieron ametrallados cuatro de ellos y un vecino de la localidad; y el asesinato de la inspectora María José García Sánchez en 1981, primera mujer de la Policía Nacional muerta en acto de servicio mientras participaba en un operativo antiterrorista en Zarauz junto a varios miembros de la Brigada Central de Información a la que pertenecía.
Dienteputo consiguió eludir la acción de la Justicia, pasando a la clandestinidad, principalmente en México y Venezuela. Como ocurre en otros casos de miembros de la banda, en muchos casos la Administración de Justicia y las fuerzas de seguridad del Estado no tienen un listado oficial de las cuentas pendientes con la justicia que muchos de los asesinos de ETA tienen pendientes de saldar. Y cada vez es más difícil hacer justicia a las víctimas y está más cerca la impunidad para muchos de estos asesinos que sembraron el terror durante décadas en España.
Ángel María Lizarbe Oses
Miembro histórico de la banda terrorista ETA, el perfil de Ángel María Lizarbe Oses, sin embargo, es menos mediático y notorio que el de De Juana Chaos, Barrutiabengoa Zabarte o Eciolaza Galán, Dienteputo, siendo muy limitada la información pública sobre sus acciones específicas en España como miembro de ETA al haber pasado una situación prolongada de clandestinidad en el extranjero. Forma parte del núcleo histórico de miembros de la banda terrorista que huyeron de España para evitar la acción de la justicia y terminaron integrándose en el denominado "colectivo de refugiados" en Sudamérica. Tanto el Ministerio del Interior como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo tienen situado en la lista oficial de los terroristas más buscados a nivel internacional bajo la categoría de delincuentes peligrosos. Vive en Venezuela de forma permanente desde hace décadas.
Luis María Olalde Quintela
Olalde Quintela, alias Txistu, es otro histórico de la banda asesina ETA que por su prolongada situación de huida de la justicia (desde finales de los años 70) ni siquiera se conoce públicamente quiénes son sus víctimas, aunque por las investigaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por los registros de las asociaciones de víctimas se sabe que está implicado de manera directa en cuatro asesinatos, tres consumados y uno en grado de tentativa.
Los intentos de extraditarle en 1999 y posteriores fueron en vano por lo que no ha sido juzgado por la Audiencia Nacional. Por lo tanto, los detalles pormenorizados de las acciones terroristas concretas en las que ha participado permanecen bajo secreto de sumario. No obstante, formó parte del comando Urola de ETA, y se le atribuye su participación en el atentado con coche bomba en enero de 1979 en Azpeitia que acabó con la vida de tres guardias civiles.
José Ángel Uriz Zabaleta
Al igual que Lizarbe Oses y Olalde Quintela, José Ángel Uriz Zabaleta se estableció en Sudamérica durante los 80 y 90 eludiendo la acción de la Justicia y encuadrándose en el denominado "colectivo de huidos". A diferencia de etarras de comandos más mediáticos, el perfil de Uriz Zabaleta y las causas judiciales exactas por las que la Audiencia Nacional le busca permanecen bajo reserva sumarial en las solicitudes de extradición formuladas por España.
Como ha ocurrido en tantos otros casos de etarras huidos, Uriz Zabaleta se ha integrado perfectamente en la vida civil y laboral de Venezuela.
Arturo Cubillas Fontán
Arturo Cubillas Fontán es considerado el líder de los etarras huidos de España en Venezuela. Incluso llegó a ocupar cargos en el Gobierno venezolano, donde fue director de la oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras y jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), entre otros cargos. Cubillas no recaló directamente en Venezuela, sino que fue deportado al país caribeño como refugiado político tras el fracaso de las conversaciones de Argel en 1989 entre el Gobierno de España y ETA, previo acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez. Posteriormente alcanzó la ciudadanía venezolana, lo que ha dificultado su extradición.
La justicia española le reclama como el coordinador del colectivo de huidos de ETA, y como el que presuntamente mantenía la comunicación directa con la cúpula de la banda terrorista. En España está acusado de los delitos de conspiración para cometer actos armados —homicidios terroristas— y tenencia de explosivos en colaboración con banda armada. Por último, la Audiencia Nacional le acusa de haber actuado presuntamente como enlace entre ETA y las FARC, coordinando cursos de formación y adiestramiento en el manejo de explosivos en suelo venezolano para miembros de ambas organizaciones.
Javier Urruti Imaz
Javier Urruti Imaz es un miembro histórico de la organización terrorista ETA que formó parte del colectivo de huidos y refugiados establecidos en territorio latinoamericano para eludir la acción de la justicia española. Aunque aparece en la lista de la Audiencia Nacional en la que pide información a Venezuela sobre el paradero de 14 etarras huidos desde hace décadas de la justicia, al parecer el terrorista falleció en el país caribeño el pasado mes de mayo, unas semanas antes del envío y notificación oficial de dicha orden de colaboración internacional a las autoridades venezolanas.
Asunción Arana Altuna
Asunción Arana Altuna, alias Olivia, es viuda de José Miguel Beñarán, Argala, un dirigente histórico de ETA. Arana Altuna es asimismo una de las figuras históricas del exilio etarra en Venezuela y está reclamada por la Justicia española desde 1978.
Tras su paso por Argelia, se instaló en Venezuela junto a otros miembros de la banda terrorista, formando parte de las estructuras de apoyo a los etarras refugiados en el país, siendo una de las figuras más importantes de esta red.
Juan José Aristizábal Cortejarena
Durante la década de los años 80 Aristizábal Cortejarena formó parte del comando Goierri Kosta una de las estructuras operativas más activas de la banda en la provincia de Guipúzcoa, al que también perteneció el anteriormente citado Dienteputo.
Las investigaciones policiales y judiciales españolas atribuyen a Aristizábal Cortejarena la implicación en un total de 22 asesinatos cometidos durante su periodo de actividad criminal. Antes de huir a Sudamérica permaneció un tiempo en Francia, donde fue detenido y cumplió varias condenas de prisión por su vinculación en la organización terrorista. Durante su estancia en Venezuela fue detenido por el Sebin, aunque fue puesto en libertad poco después. En 2021 obtuvo formalmente el estatus de refugiado en Venezuela y en 2023 la nacionalidad venezolana.
Manuel Asier Guridi Zaloña
Manuel Asier Guridi Zaloña, alias Gari, inició su actividad en ETA a finales de los años 80. Fue detenido en 1992 y estuvo en prisión hasta 1997. Permaneció huido y en paradero desconocido desde el año 2001. Tras años en la clandestinidad, fue detenido en septiembre de 2013 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela, en una operación que se consideró en su momento como un hito de la cooperación de la lucha antiterrorista por involucrar a España, Francia y Venezuela. Pese a estar reclamado por delitos de terrorismo tanto en España como en Francia, Guridi quedó posteriormente en libertad.
En 2021 se le reconoció el estatus de refugiado en Venezuela y en 2023 obtuvo su cédula de identidad venezolana.
Jesús María Huerta Fernández
Jesús María Huerta Fernández fue miembro del comando Araba de ETA, una de las estructuras más activas de la banda terrorista en el País Vasco desde finales de los 70 hasta finales de la década de los 90. Huerta Fernández fue detenido precisamente en 1998 durante la operación que permitió desarticular dicho comando. Años después consiguió huir a Venezuela, y las autoridades lo sitúan desde entonces en ese país.
Ignacio Echevarría Landazábal
Ignacio Echevarría Landazábal perteneció a las estructuras operativas de la banda terrorista en la década de los 80 y posteriormente se integró en el colectivo de huidos en Latinoamérica. A principios de los 80 formó parte del comando Donibane, que perpetró un intento de asesinato contra el periodista Gerardo Huezo en 1981 en Bilbao.
En agosto de ese mismo año 1981, Echevarría fue arrestado y, tras ser juzgado, fue condonado a penas que sumaban siete años de prisión. Tras cumplir su condena de forma efectiva, fue puesto en libertad. En 1993 pasó a la clandestinidad. Tras años en paradero desconocido, fue localizado y detenido en Venezuela en abril de 2009 tras una serie de contactos policiales entre las autoridades españolas y venezolanas.
Pero la petición de extradición fue denegada por las autoridades venezolanas. Desde entonces, ha permanecido integrado civilmente en el país sudamericano.