El fichaje de la abogada María Dolores Márquez de Prado para defender al empresario y amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez, en el caso Plus Ultra ha desatado el pánico en las filas del PSOE de Pedro Sánchez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La investigación indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. En concreto, se centra en la influencia que podría haber ejercido Zapatero en dicha operación, a cambio de recibir fondos a través de Julio Martínez. El propio expresidente del Gobierno está citado para declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
Según ha podido saber Libertad Digital, "el fichaje de la abogada María Dolores Márquez de Prado ha causado el pánico y una gran preocupación en el seno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. En el PSOE consideran que Márquez de Prado ‘es impredecible’, y ‘no se casa con nadie’, lo que impide que la defensa de una figura clave del caso Plus Ultra que salpica a Zapatero y al propio Pedro Sánchez pueda ser coordinada y controlada desde las filas socialistas".
"Julio Martínez anunció que cambiaba de defensa hace dos semanas, tras la renuncia del letrado Bernardo del Rosal. El PSOE tenía previsto ‘colocar’ como abogado de Julito al exministro socialista de Justicia durante el Gobierno de Zapatero Francisco Caamaño. El propio Zapatero sigue manteniendo una relación estrecha con Caamaño", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el temor del PSOE se acrecienta ante la posibilidad de que Márquez de Prado decida con Julio Martínez seguir el camino de colaboración con la justicia que ha seguido el empresario involucrado en la trama Koldo Víctor de Aldama de la mano de su abogado José Antonio Choclán".
Fuentes del entorno de la defensa de Julio Martínez consultadas por este diario afirman que "Márquez de Prado actualmente está estudiando a fondo la causa de Plus Ultra. Aún no se ha decidido la estrategia de defensa para Martínez y a la hora de tomar una decisión será clave la declaración de la semana que viene de Zapatero como investigado ante el juez".
"Si Zapatero opta por señalar a Julio Martínez como responsable de todos los presuntos hechos delictivos, no se descarta que el empresario y hasta ahora amigo del expresidente del Gobierno, se plantee recorrer la misma senda que Aldama", concluyen.
Recordamos que Zapatero es defendido en el caso Plus Ultra por el abogado Víctor Moreno Catena, un prestigioso catedrático de Derecho Procesal con menos experiencia en el ámbito penal. Moreno Catena tiene una vinculación histórica y profesional estrecha con el PSOE, aunque no se le conoce militancia orgánica reciente ni cargos de partido. Entre 1988 y 1993, durante los gobiernos de Felipe González, ocupó altos cargos en el Ministerio del Interior. Además, ha defendido a varios imputados en el caso ERE de Andalucía, como la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Márquez de Prado, una reputada penalista
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Márquez de Prado ingresó por oposición, primero, en la Carrera Judicial y, después en la Carrera Fiscal. Tras ejercer como fiscal en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, su segundo destino fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde permaneció durante más de 17 años formando parte del llamado "grupo de los indomables" que persiguió con firmeza el terrorismo de ETA. En 1999, fue nombrada fiscal del Tribunal Supremo, puesto que ocupó hasta 2007. Ese año solicitó la excedencia voluntaria para dedicarse a la abogacía.
Tras abandonar la Fiscalía, fundó junto a su marido, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, el bufete Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados, especializado en Derecho Penal económico. Como abogada penalista asumió la defensa de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, en la macrocausa Gürtel mientras su marido defendía al propio Bárcenas. También ha defendido a imputados en el caso Villarejo o al actor Imanol Arias en el caso Nummaria.
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