La esposa del presidente del Gobierno compareció este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, apercibida de que sería conducida por la fuerza pública si no se presentaba en la sede judicial. A lo largo de la tarde, las partes presentes en el proceso valoraron la procedencia de abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca. Junto a Gómez, comparecieron también la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, imputados a su vez por diversos delitos en la misma causa que la mujer de Sánchez.
Finalmente, el juez Juan Carlos Peinado se reservó su decisión, que será hecha pública en los próximos días, pero todo parece indicar, a tenor de sus últimas decisiones, que el caso se verá en un juicio con jurado popular. En esa resolución, el titular del juzgado decidirá también sobre las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.
Begoña Gómez parece abocada a sentarse en el banquillo de los acusados, pero este no es el mayor problema del Gobierno y el PSOE. La investigación de las cloacas socialistas, que lleva a cabo el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sigue aportando nuevas evidencias que agravan la conducta de los implicados, hasta el punto de que no resulta descabellado que el caso acabe con una condena al PSOE por organización criminal. Lo último que hemos conocido son las anotaciones encontradas por los agentes de la UCO a Santos Cerdán, que detallan las operaciones de guerra sucia, coordinadas con la fontanera socialista Leire Díez, para destruir a la jueza encargada de instruir la causa contra David Sánchez utilizando para este fin a la Fiscalía.
Precisamente en el caso abierto por la Audiencia Nacional contra Leire Díez aparece ejerciendo un papel relevante la directora general de la Guardia Civil en relación con las reuniones que ambas mantuvieron para desactivar a los mandos de la UCO, un asunto sobre el que este martes será interpelada en la Comisión de Investigación del Senado.
El miércoles y el jueves, José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá también en la Audiencia Nacional para explicar sus gestiones en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra y el origen de las joyas, valoradas en más de un millón de euros, por las que se le acusa de delito fiscal y contrabando en una pieza separada.
Finalmente, el viernes será el turno de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acudirá a la Comisión de Investigación del Senado para dar cuenta de las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía, a través de las cuales se habría intentado neutralizar las investigaciones de los numerosos casos de corrupción que rodean a Sánchez, al Gobierno y al PSOE.
La inmundicia que Sánchez ha traído a la política española tiene su fiel reflejo en las actuaciones judiciales y parlamentarias que van a tener lugar a lo largo de toda esta semana. Su Gobierno es, con seguridad, el más corrupto de nuestra historia democrática, para baldón infame de sus socios, que tratan de mantener su cadáver político en pie mientras rapiñan los últimos privilegios de una legislatura que parece dar sus últimas boqueadas.