La imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, en la causa que investiga en la Audiencia Nacional las cloacas del PSOE, ha convulsionado este jueves la situación interna del cuerpo, que llevaba bastante agitada desde que se conociese que ambos habrían presionado a los agentes de la UCO para que se pusieran de perfil en las causas que perjudicaban al Gobierno.
Pese a que el Ministerio del Interior ha decidido mantener a los dos imputados en sus cargos, las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reaccionado mostrando una disparidad de opiniones llamativa, pues las hay desde las que piden la dimisión de la cúpula de Interior y la Guardia Civil hasta las que guardan cautela y son partidarias de que haya una resolución judicial antes de que se tome ninguna decisión.
La respuesta más contundente ha llegado desde Justicia Civil (JUCIL), que ha reclamado la "dimisión inmediata" de Fernando Grande-Marlaska, de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del DAO, Manuel Llamas. La asociación ha considerado que la situación es "insostenible" y ha considerado que la continuidad de los tres responsables compromete la imagen y la credibilidad de la Guardia Civil.
"La permanencia en sus cargos de quienes están siendo investigados judicialmente es incompatible con la ejemplaridad que debe presidir el mando de la Guardia Civil". Además, han citado el lema del Instituto Armado al asegurar que "'El Honor es mi Divisa' no puede convertirse en un mero lema vacío", reclamando responsabilidades políticas inmediatas por el daño causado.
También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha pedido la salida de Mercedes González y Manuel Llamas. La organización explica que hasta ahora había reclamado explicaciones, pero considera que la apertura del procedimiento judicial supone un escenario completamente distinto. "La imputación respaldada por la Fiscalía Anticorrupción hace insostenible su continuidad", ha sostenido la asociación.
Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también ha solicitado el cese o la dimisión de la directora general para proteger la imagen del Instituto Armado. En su comunicado subraya que mantiene "el máximo respeto a la presunción de inocencia", pero considera igualmente necesario "preservar la credibilidad, la neutralidad y el prestigio de la Guardia Civil" mientras avanza la investigación judicial.
Más moderada ha sido la reacción de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC), que no ha reclamado dimisiones, aunque sí ha mostrado una dura crítica por la situación generada. La asociación asegura sentir "indignación por ver a la Guardia Civil salpicada por circunstancias lamentables" y ha denunciado la actuación de "cargos políticos que utilizan las instituciones para los intereses de sus partidos", sin señalar expresamente a ningún responsable.