La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas Fernández, ha provocado un auténtico terremoto interno en el seno de la Guardia Civil. Especialmente porque se investiga si trataron de evitar que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) actuaran con la debida profesionalidad en las investigaciones que afectaban al Gobierno.
Las asociaciones profesionales del cuerpo han pedido este jueves las dimisiones de Marlaska, de la directora general y del DAO –el uniformado de mayor rango del cuerpo–, pese a lo que el Ministerio del Interior ha informado de que tanto Mercedes González como el teniente general Manuel Llamas se van a mantener en sus puestos. Marlaska ha mentido tanto como González y parece que, de momento, ha unido su destino político al de ella.
La decisión de Marlaska es definitiva –salvo que Pedro Sánchez le haga rectificar– en lo que se refiere a Mercedes González. La Guardia Civil depende orgánicamente de Interior y, aunque se supone que su nombramiento está consensuado con Defensa por ser un cuerpo de naturaleza militar, la realidad es que tan sólo el ministro del Interior decide cuándo se marcha la directora del Instituto Armado.
Pero no es tan definitiva cuando se trata del DAO, que como todos los agentes del Instituto Armado depende operativamente del Ministerio del Interior pero en lo que a recursos humanos se refiere está obligado a mirar hacia el Ministerio de Defensa. Y es que el departamento de Margarita Robles está capacitado para apartar de su puesto al DAO en cumplimiento del Código Disciplinario del cuerpo.
Exactamente, en cumplimiento del artículo 92.1 del Código Disciplinario de la Guardia Civil, el mismo que se emplea de manera habitual para suspender de su puesto a cualquier agentes u oficial del cuerpo que es imputado en una investigación judicial. Un artículo que habilita a Robles a suspender de sus funciones al DAO, aunque sólo Interior puede añadir el cese.
Artículo 92. Situación de suspensión de funciones. 1. El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave.
El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones. El Ministro del Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino.
Precisamente este artículo es el que han pedido que se aplique al DAO, teniente general Manuel Llamas, tres asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil: la Unión de Oficiales –que tiene todo los vocales de las dos escalas de oficiales–, la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil –que tiene todo los vocales de la escala de suboficiales– y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.
"No son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones (…) por estas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria. No podemos entender que quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos. Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados", han indicado las tres asociaciones en un comunicado.