El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley que busca regular y considerar ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento expreso a través de herramientas de inteligencia artificial (IA). El Ejecutivo interviene así para tratar de poner freno a los conocidos como deepfakes, una tecnología cada vez más sofisticada que permite crear réplicas audiovisuales casi indistinguibles de la realidad.
El texto normativo, que ha sido impulsado de forma conjunta por el Ministerio de Justicia y el de Juventud e Infancia, iniciará ahora su trámite en el Congreso de los Diputados. El propósito de los departamentos ministeriales es blindar el derecho al honor y a la propia imagen frente a las innovaciones tecnológicas, estableciendo claramente que el hecho de que un usuario comparta fotografías o vídeos en una red social no otorga carta blanca para que terceros puedan emplear ese material en otras plataformas o canales de difusión sin permiso.
Uno de los puntos clave del documento hace referencia a la protección de los más vulnerables en el entorno digital. En este sentido, la ley fija de forma unificada en 16 años la edad mínima para que los menores de edad puedan prestar su propio consentimiento a la hora de facilitar o ceder su imagen. Esta medida se alinea con el actual proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital. Asimismo, se introducen apartados específicos para regular de manera más estricta el consentimiento cuando se trate de personas con discapacidad, garantizando su especial amparo jurídico.
El fenómeno del true crime
Paralelamente a la tecnología, el proyecto aborda un fenómeno audiovisual en auge: las producciones sobre crímenes reales, comúnmente denominadas true crimes. La nueva regulación pretende brindar una mayor protección a las víctimas de estos graves delitos. A partir de la aprobación definitiva de la ley, se considerará una injerencia directa en el derecho a la protección del honor cualquier situación en la que el victimario obtenga un rendimiento económico o una proyección personal a raíz de su participación en este tipo de formatos televisivos o documentales.
Para no vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el Gobierno ha incluido matices respecto a la libertad de expresión y la libertad creativa. Cuando se trate de personas con proyección pública y el contenido se enmarque en un contexto puramente creativo, satírico o de ficción, se permitirá el empleo de herramientas de inteligencia artificial. No obstante, la norma exige de forma imperativa que se haga constar con claridad que esas imágenes o audios provienen del uso de dicha tecnología, evitando así la confusión del espectador.
Finalmente, la legislación no se limita a las prohibiciones, sino que establece un marco claro para las compensaciones económicas. Se han fijado una serie de criterios para calcular las indemnizaciones de acuerdo con la jurisprudencia más reciente. De este modo, los jueces tendrán que ponderar la cuantía basándose en elementos objetivos como la gravedad de las expresiones empleadas, la reincidencia del infractor o las repercusiones sociales que haya tenido la intromisión ilegítima en la vida de la persona afectada.