
El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el caso de las cloacas del PSOE. El magistrado adopta esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Pedraz ha acordado la imputación de Juanma Serrano, aunque todavía no ha fijado una fecha para su declaración en calidad de investigado".
La Fiscalía Anticorrupción informó a favor de que se examinase el teléfono móvil de Juanma Serrano, lo que conlleva su condición de investigado. El Ministerio Público tomaba esta decisión después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentara un nuevo informe ante el juez Pedraz. La condición de imputado del exjefe de gabinete de Sánchez según Anticorrupción se sustentaría en la comisión de un presunto delito de organización criminal.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Pedraz no aclara el delito por el que es imputado Juanma Serrano, aunque en principio podría tratarse de un delito de tráfico de influencias".
Pedraz acuerda citar además a las trabajadoras de Ferraz, Covadonga San Pedro y Celia RODRÍGUEZ, el próximo día 28 de julio de 2026 a las 10.00 horas para que "presten declaración judicial en calidad de testigos y en el curso de dicha declaración, devueltos en dicho acto los terminales móviles intervenidos, requiriéndoselas para que aporten las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal de comunicación (whatsapp, correo electrónico, etcc..) con Santos Cerdan, Ana María Fuentes Pacheco, Juan Manuel Serrano Quintana y Leire Diez".
En relación con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Juanma Serrano, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, las empleadas de Ferraz Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, y el capitán de la Guardia Civil imputado Juan Sánchez Yepes, la UCO ponía de manifiesto en su último informe que "existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas y en el marco de estos hechos, que se consideran de especial trascendencia para el esclarecimiento de los mismos y, finalmente, los cuales son susceptibles de encontrarse albergados en los dispositivos móviles que utilizan de forma habitual".
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señalaba en el mismo informe a Juanma Serrano, por enchufar a la fontanera del PSOE Leire Díez en Correos: Desde los momentos iniciales, cuando Vicente habla con él para "ponerlo en marcha", hasta poco antes de que se produzca su nombramiento oficial, cuando habría mantenido contactos directos con Leire, como se ha visto anteriormente. Teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos, considerándose necesario profundizar en las relaciones o instrucciones que durante esas fechas habrían tenido lugar y que habrían propiciado, por ejemplo, que Leire tuviese capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en el seno de Correos, propiciando que después, por ejemplo, otra directiva expusiese "no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido".
Las imputaciones no cesan
La causa de las cloacas del PSOE no ha dejado de crecer en las últimas semanas. Inicialmente, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, la denominada fontanera socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
También imputó al abogado Jacobo Teijelo y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. En las últimas fechas, ha crecido el número de imputados, entre ellos, la directora general de la Guardia Civil Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo Manuel Llamas.
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