La Central Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario entre los trabajadores públicos, ha denunciado la polémica instrucción de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos y ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que emita instrucciones claras para los consulados a la hora de conceder la nacionalidad y de incluir a estas personas en el censo electoral.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha remitido una solicitud a la JEC para que, como responsable de la Oficina del Censo Electoral, pida a esta última entidad que emita dichas instrucciones con el objetivo de que los funcionarios que se están encargando de implementar todos los procedimientos relativos a la citada ley puedan tener claro cómo deben proceder en todo momento y no incurran en ninguna ilegalidad. Esta preocupación viene por los posibles vacíos en los que pueden incurrir los funcionarios al conceder la nacionalidad a personas que realmente no son descendientes de nietos exiliados después de esta polémica instrucción de Sofía Puente.
Por ello, desde el sindicato piden a la JEC que "acuerde que la Oficina del Censo Electoral dirija una instrucción a los consulados y a los encargados de las oficinas consulares del Registro Civil" para que solo tramiten la inclusión en el censo electoral de quienes hayan "probado que el exilio de su ascendiente obedeció a razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".
En el documento, CSIF cuestiona la legalidad de la instrucción realizada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en noviembre de 2022 en relación con la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática por la que se concedía la nacionalidad a los descendientes de quienes partieron al exilio durante la Guerra Civil y el régimen de Franco.
Los funcionarios cuestionan el apartado en el que se indica que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955" sin necesidad de presentar documentos acreditativos, mientras que en el caso de quienes lo hicieron a partir de esa fecha hasta el 28 de diciembre de 1978 "deberá acreditarse la condición de exiliado", ya que esto no es lo que dice la ley.
Del mismo modo, los funcionarios piden una instrucción por parte de la Oficina del Censo Electoral dirigida a ayuntamientos y responsables de las oficinas del Registro Civil para que en el caso de "los adquirentes de la nacionalidad española que ya residan en España en el momento de practicarse la inscripción de la nacionalidad", solo lo hagan en los supuestos de quienes hayan demostrado que su familiar era exiliado por los motivos previstos en la ley de nietos y "no cuando tales razones se hayan presumido" en virtud de la citada instrucción.
¿En qué circunscripción votarán?
Por último, se plantea a la JEC que desde la Oficina del Censo Electoral se remita "una instrucción a los consulados que contenga reglas claras y suficientemente precisas para determinar cuál es el municipio español de mayor arraigo del adquirente de la nacionalidad española no residente en España, a efectos de su inscripción en el censo electoral de residentes ausentes" con el fin de encauzar "la discrecionalidad del interesado y previendo los medios de justificación y control oportunos".
Según defiende el sindicato en su solicitud, conforme a la normativa vigente, dicha inscripción debería hacerse en "el municipio de mayor arraigo, propio o de alguno de los ascendientes" o, en su defecto, será la oficina electoral la que lo determine "de oficio" con los datos de que disponga, lo que dejaría en última instancia a la discrecionalidad del cónsul de turno la decisión.
Todo este caos en los consulados derivado de las maniobras del Gobierno ha llevado también a los funcionarios a denunciar el colapso por las cientos de miles de solicitudes diarias de esta ley y a pedir refuerzos urgentes para combatir este desbordamiento. Una norma que ya acumula unos 2,6 millones de solicitudes, de las que ya han sido beneficiadas más de medio millón de personas que han conseguido la nacionalidad española gracias a esta ley de nietos.