El Gobierno tiene un serio problema con el colapso y la falta de personal en los consulados españoles de Sudamérica debido a los cientos de miles de solicitudes diarias derivadas de la Ley de Nietos. De ahí que Pedro Sánchez y José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, hayan dejado esta función tan relevante en manos de trabajadores de empresas públicas como Ineco en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del castrismo. Fórmula ya utilizada por el Ejecutivo socialista en España con la empresa pública Tragsa para agilizar el proceso de regularización masiva de inmigrantes. Dos maniobras llevadas a cabo por la puerta de atrás para favorecer la inmigración masiva y conceder la nacionalidad española a miles de extranjeros.
Maniobras que han denunciado los funcionarios. El sindicato CSIF denunció en un comunicado que el Ejecutivo socialista haya dejado esta función tan relevante en manos de trabajadores de empresas públicas, una de ellas controlada por la dictadura cubana. Esto se debe a que en Cuba, el Gobierno solo disponía hasta entonces de 65 trabajadores, de los cuales solo 18 eran funcionarios. Esta escasez preocupante de trabajadores en los consulados llevó al Ejecutivo socialista a pagar 1,6 millones de euros a la dictadura cubana para que su empresa pública Palco agilizara las más de 350.000 solicitudes derivadas de esta Ley de Nietos para obtener la nacionalidad en los consulados de España en Cuba, el principal, situado en La Habana.
Salarios de miseria para agilizar las nacionalizaciones
El contrato con la empresa del régimen cubano tiene una duración de cuatro años e incluye cerca de un centenar de trabajadores que cobran unos 130 euros mensuales y trabajan una gran cantidad de horas. Los salarios fijados oscilan entre los 3.706 y 3.630 pesos cubanos al mes (al cambio entre 133 y 135 euros), lo que supone que cada trabajador cobre unos cuatro euros al día. En el contrato firmado, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares incluyó que se comprometía a pagar al Grupo Palco "el doble de la cuantía correspondiente al sueldo mensual que devenga cuando el empleado" trabajase en festivo.
Con esta polémica Ley de Nietos, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha concedido la nacionalidad a más de 550.000 extranjeros descendientes de españoles que se marcharon del país durante el siglo XX, los cuales podrán votar en las próximas elecciones generales, donde un puñado de votos pueden volver a colocar a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. De ahí, que el Gobierno tenga prisa y haya maniobrado para agilizar las nacionalizaciones con empresas externas teniendo a trabajadores cobrando sueldos miserables.