Los dos terremotos que tuvieron lugar en Venezuela dejaron miles de muertos y heridos a sus espaldas. Entre los heridos se encuentra el etarra Luis María Olalde, conocido como Txistu, que había huido de la justicia española en 1979.
Un día después de que se produjesen los dos seísmos en Venezuela el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional rechazó la petición formulada por su defensa de eximirle de la responsabilidad penal por prescripción del delito. El magistrado acordó de esta manera "mantener activa la orden de requisitoria internacional contra Olalde Quintela", según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.
Tras conocerse esta decisión, la asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero presentó el pasado 1 de julio una querella contra el etarra. Esta entidad recuerda que Txistu participó en un atentado contra dos guardias civiles mediante la explosión del vehículo en el que viajaban.
Uno de ellos sufrió un grave traumatismo cráneo-encefálico y falleció el mismo día del atentado mientras que el otro "sufrió gravísimas lesiones de las que tardó en curar 445 días, durante los cuales estuvo necesitado de asistencia facultativa e impedido de sus ocupaciones profesionales y habiéndole quedado como secuelas una cicatriz deforme en la mandíbula derecha e impotencia funcional intensa en el brazo derecho", señala el escrito al que también ha tenido acceso este diario. Ese mismo día mataron a otros agentes mediante una bomba-trampa.
"Dado que el querellado Luis María Olalde Quintela, huyó a Venezuela en 1979 para sustraerse de la acción de la justicia, con motivo de los graves terremotos que el pasado día 25 de junio golpearon la zona de La Guaira y Caracas, esta parte ha tenido conocimiento de que el querellado fue rescatado entre los escombros de un edificio en el que residía junto a su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino", señala el escrito. De esta manera, la asociación entiende que la localización del terrorista "constituye una oportunidad procesal excepcional para hacer efectiva una reclamación largamente frustrada por la fuga".
"Existe riesgo cierto de nueva ocultación, desplazamiento o desaparición del reclamado si no se actúa con urgencia. Por ello, se interesa que la orden internacional de detención y la comunicación a Interpol se acuerden de forma inmediata", añade al respecto. Dignidad y Justicia también pide que cuando se consiga entregar al querellado a la Justicia se acuerde tomarle declaración en calidad de investigado.
En el mismo escrito la asociación le atribuye unos hechos que podrían ser constitutivos de dos delitos de asesinato terrorista mediante el uso de artefactos explosivos, un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa, un delito de estragos terroristas, dos delitos de robo con violencia o intimidación con fines terroristas y dos delitos de secuestro terrorista / detención ilegal con toma de rehenes.
Posteriormente, y tras el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el juez Jorge Mesas ha acordado "admitir a trámite la querella y aceptar la personación, como acusadora popular, de la Asociación Dignidad y Justicia".
"La querella atribuye a Olalde Quintela la participación en los hechos investigados en este sumario, que aparecen individualizados en la forma de su ejecución, tiempo y lugar, e identificando a su participante en la preparación, colocación y activación de los artefactos explosivos, hechos que fueron ya enjuiciados contra otras personas, por lo que no puede apreciarse que los hechos sean falsos o jurídicamente imposibles, de tal forma que procede su admisión a trámite", señala el auto.
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