Triunfo del sanchismo y de los separatistas en Europa: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley de amnistía. Según el fallo leído este jueves, la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Los intereses financieros de la Unión Europea no quedaron afectados por la malversación en el proceso separatista y los delitos de terrorismo imputados a un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR) pueden ser también amnistiados.
La lectura plana del presidente del tribunal, el magistrado belga Koen Lenaerts, y un fallo en la señal de la sala del TJUE ha complicado sobremanera la comprensión del fallo. En líneas generales, el TJUE coincide con el informe previo del abogado general Dean Spielmann. Es una tradición no escrita que esos informes prefiguren los fallos de los jueces europeos.
La justicia europea cree que la amnistía contribuye a la "reconciliación" y que se ajusta al derecho comunitario, obviando que fue la condición impuesta por los separatistas que habían ejecutado la intentona secesionista para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tras las últimas elecciones generales.
En el comunicado de prensa posterior a la lectura de las dos sentencias (malversación y terrorismo), el TJUE señala que "la Gran Sala del Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no se opone a dicha ley de amnistía". Y añade en coincidencia con el Gobierno y con los separatistas que dicha ley "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
En dicho comunicado se especifica que "el Tribunal de Justicia subraya, no obstante, que la referida ley de amnistía no debe privar de efecto útil al procedimiento prejudicial. Así ocurriría si el plazo máximo de dos meses en el que los órganos jurisdiccionales nacionales deben dictar la resolución de extinción de la responsabilidad y alzar las medidas cautelares que se hayan acordado fuera aplicable incluso cuando se haya planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, sin que sea posible esperar a que este dicte resolución. Si se demostrara que la ley de amnistía contiene disposiciones que dan lugar a este efecto, deberían dejarse inaplicadas".
El fallo responde a las dos cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional. La primera era relativa al delito de malversación y la segunda está relacionada con el delito de terrorismo que se imputa a un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR). La decisión del TJUE podría no ser el penúltimo jalón jurídico de la ley de amnistía, ya que el Tribunal Supremo podría presentar una prejudicial en la instancia judicial europea si hay dudas sobre la correcta interpretación de la sentencia conocida este jueves.
Sobre Carles Puigdemont todavía pesa la orden de detención firmada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Además, habrá que esperar a que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos de amparo presentados por los políticos separatistas sobre los que pesan penas de inhabilitación por haber incurrido en el delito de malversación, con Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza. El listado incluye al secretario general de Junts, Jordi Turull y a los exconsejeros de ERC retirados de la política Dolors Bassa y Raül Romeva.
El calendario más previsible es que el Constitucional resuelva a favor de los golpistas pero no antes de finales de septiembre, lo que podría retrasar el regreso de Puigdemont a España hasta mediados de octubre, en coincidencia con el noveno aniversario de la asonada separatista.
El fallo de la justicia europea tiene variadas repercusiones en la situación política. Permite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, presumir de su política de "apaciguamiento" en Cataluña y cerrar definitivamente el "Procés" separatista, lo que no significa en modo alguno que el bloque independentista vaya a cesar en sus reivindicaciones o a renunciar a la tensión política en la región.