Enrique Bacigalupo, exmagistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo y uno de los teóricos del Derecho Penal más influyentes del ámbito hispano-argentino, ha muerto a los 88 años. Sin embargo, más allá de sus manuales doctrinales y su perfil académico, la trayectoria del magistrado en España quedará indisolublemente ligada a la politización de la justicia y, muy especialmente, a uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia: la inhabilitación del juez Javier Gómez de Liaño por investigar al Grupo Prisa en el caso Sogecable.
Nacido en Buenos Aires en 1938, Bacigalupo llegó a España exiliado de la dictadura militar argentina y pronto se integró en los círculos de poder del socialismo de la transición. Vinculado estrechamente al PSOE de Felipe González, fue aupado a la sala segunda del Tribunal Supremo en 1987. Desde su posición, participó activamente en causas judiciales de enorme calado político que afectaban al Gobierno, como Filesa o los GAL. No obstante, el caso que marcó para siempre su carrera fue la condena de inhabilitación dictada contra el magistrado Javier Gómez de Liaño.
La inhabilitación de Liaño
A finales de la década de los 90, el juez Javier Gómez de Liaño investigaba al todopoderoso Grupo Prisa y a sus máximos directivos, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, por un presunto delito de apropiación indebida de las fianzas depositadas por los abonados de Canal Plus —el caso Sogecable—. La respuesta del aparato mediático y jurídico de Prisa consistió en querellarse por prevaricación contra el juez instructor para lograr apartarlo del caso.
Enrique Bacigalupo fue uno de los tres magistrados que conformaron el tribunal del Supremo que en 1999 condenó a Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación, apartándolo definitivamente de la carrera judicial. Una condena sumamente controvertida que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —TEDH— acabó revocando en 2008 tras constatar la flagrante falta de imparcialidad del tribunal del que Bacigalupo formaba parte.
La sospecha de parcialidad cobró un tinte criminal décadas después. En el año 2019, una denuncia del excomisario José Villarejo desveló que el Grupo Prisa presuntamente había pagado un soborno de 200.000 dólares a Enrique Bacigalupo para asegurar la inhabilitación de Gómez de Liaño y proteger los intereses financieros y de poder de Polanco. En 2022, la Sala Penal de la Audiencia Nacional aceptó personar al exjuez Liaño como perjudicado directo en esta presunta trama de corrupción judicial.
"En Prisa decían que si había que poner un juez se ponía y si había que quitarlo, se quitaba", recordó en su día Gómez de Liaño al destaparse la investigación sobre los supuestos cobros del exmagistrado.
Las pesquisas judiciales han intentado esclarecer si este supuesto pago a Bacigalupo formaba parte de un engranaje de mayor envergadura diseñado por Prisa, que presuntamente incluyó también transferencias millonarias a otros jueces como Baltasar Garzón para archivar las diligencias de Sogecable. A finales de 2023, Gómez de Liaño volvió a la carga ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional solicitando la imputación directa del expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.
Otros fallos polémicos
La alargada sombra de la controversia política y social no se limitó al caso Sogecable. Durante sus años en la magistratura del Tribunal Supremo, Bacigalupo estampó su firma en otras resoluciones que generaron una honda indignación pública.
Una de ellas fue la revocación del caso Bono. Bacigalupo formó parte de la sala del Tribunal Supremo que anuló por completo la condena penal impuesta a tres policías nacionales por la detención ilegal y falsificación documental de militantes del Partido Popular en el marco de una manifestación contra el entonces ministro de Defensa socialista, José Bono.
Otra fue la rebaja de penas en abusos sexuales a menores. En esta polémica ponencia, el magistrado rebajó la pena de prisión de un condenado por abusar de dos menores de 13 años bajo el pretexto jurídico de que las niñas no presentaban una "fragilidad especial" ni eran "especialmente vulnerables" en el momento de los hechos.
La muerte de Enrique Bacigalupo cierra la andadura de un jurista de prestigio académico en el plano técnico, pero cuyo legado práctico en el Tribunal Supremo siempre estará indefectiblemente ensombrecido por las sospechas más oscuras de manipulación, politización y connivencia con el poder político y mediático del felipismo.