El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido hablar por primera vez tras su imputación. En lugar de aclarar el origen de las joyas que halló la Guardia Civil en su despacho de la calle Ferraz, ha preferido elogiar la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía. "Refuerza nuestro Estado de Derecho, que se renueva en sus principios democráticos", ha afirmado.
En una entrevista que ha dado a El Mundo, ha dicho que el fallo es "histórico" y constituye un "motivo para la esperanza". Habría que preguntarle para quién o para quiénes. Aun así, hay dos aspectos fundamentales que destacan a raíz de sus declaraciones. La primera es la hipocresía de un expresidente imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra que da lecciones de Derecho; la segunda es que persevere en una retórica que reduce el golpe de Estado separatista de 2017 a una mera crisis "política, institucional y social", cuando resulta patente que fue un ataque a los pilares en los que se funda la España constitucional. Y vale la pena recordarlo: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
El cinismo de defender el régimen chavista
También, Zapatero pide reflexión para quienes han criticado la Ley de Amnistía: "Sería muy conveniente que quienes hostigaron esta ley y a quienes la defendimos, tuviesen un proceso de reflexión". Sería muy difícil no calificar de cinismo a alguien que solicita "reflexión" y que, al mismo tiempo, ha sido un evidente defensor de la dictadura chavista. Es decir, el tesoro de joyas, la presunta intervención en el rescate de Plus Ultra y sus estrechos vínculos con el régimen de Maduro lo dejan en una posición que demuestra un temperamento farsante que utiliza la cursilería como escudo.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apunta que el golpe de Estado independentista no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, y que los actos terroristas de los CDR pueden ser amnistiados. Ahora bien, el fallo no repara en una cuestión esencial sobre la génesis de esta ley, de carácter prejurídica. Y es que se trata de una autoamnistía. Fue el precio que pagó Pedro Sánchez para seguir paseando en La Moncloa. Por tanto, omite descaradamente que la propia ley la redactaron los golpistas y que atropella los principios constitucionales de España.
El expresidente tiene ante sí un futuro judicial incierto y oscuro, pero es incontestable que las palabras que la sociedad española merece escuchar no son sus opiniones sobre la sentencia que defiende la aplicación de la ley con la que Sánchez se encadenó al golpismo, sino aquellas que respondan a todas las acusaciones que pesan sobre él, porque ha perdido cualquier legitimidad para usar su rango y el poco prestigio que pueda quedarle para apuntalar, con el PSOE y los independentistas, una sentencia que olvida lo más importante y que no resuelve el problema de fondo: es una trampa jurídica.