
En la rueda de prensa posterior al tradicional despacho con el Rey en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, y un día después de su balance político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar su intención de agotar la legislatura y seguir gobernando —hasta el punto de que ha dicho que espera repetir ante los medios el año que viene en Palma—. También ha justificado el indulto a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts, Laura Borràs.
Según Sánchez, el indulto, "parcial", es consecuencia de una resolución del TSJC en la que señala que la pena de prisión a Borràs es excesiva y que incluso, para estupor de los juristas, sugería el indulto. "La opinión del TSJC es que se mantuviera la malversación pero no la pena de prisión por considerarla excesiva", ha alegado.
En la víspera, el Consejo de Ministros aprobó el indulto por el que se conmuta la pena de prisión de cuatro años y seis meses por otra de dos años, para que no tenga que entrar en prisión. El resto, multa e inhabilitación por cuatro años, se mantiene. Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018.
Sánchez considera, por tanto, que el Gobierno está cumpliendo "la sentencia del TSJC" y ha rechazado que esté relacionado con la negociación de Presupuestos Generales del Estado, que pretende aprobar antes de que acabe 2026 y para los que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados.
"Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni con nada que tenga que ver con la política", ha recalcado el jefe del Ejecutivo. "Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro", ha apostillado a continuación.
En ese sentido ha hecho hincapié en que el indulto es "parcial" y considera que va en línea con la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que veía "excesiva" la condena.
Sánchez también ha sido interrogado por la imputación del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el caso Leire Díez, aunque ha evitado pronunciarse. "No tengo nada que decir, presunción de inocencia y veremos en qué deriva toda esta causa", ha declarado.
También ha eludido responder sobre la compra de un ático en el centro de Madrid por parte del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso que, según el PSOE, es para "uso personal y residencial" de la dirigente del PP. "Quien tendrá que responder es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no yo", se ha limitado a señalar.
—Al ser interrogado sobre si dentro de un año volverá a estar en estas fechas en el despacho con el Rey—, ha dicho que lo va a "intentar". "Mi ánimo es repetir y continuar con la tarea", ha terminado.
