Tres comunidades, Aragón, Castilla y León y Extremadura, han dado el paso este sábado de anunciar que no asistirán a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el próximo 13 de agosto y que tratará sobre los menores llegados a Ceuta en el marco de la avalancha masiva por la que entraron unas 80.000 personas.
En una carta a la ministra Sira Rego, la Junta de Castilla y León alega sobre su decisión que "no responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen", en alusión a la legislación que prioriza su vuelta a Marruecos frente a su tutela en España.
Castilla y León, explican, no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras "no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme", según el escrito firmado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), donde se anuncia la "impugnación judicial de todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos, única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor".
"Todos los menores deben ser retornados a Marruecos"
Añade que el Gobierno central no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva resolviendo el expediente individualizado de retorno y reunificación, por lo que "carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad autónoma para que ésta asuma las consecuencias de una competencia estatal aún no ejercida o no concluida". "Todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar y vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción, previa la tramitación de los expedientes individualizados ya que, en defecto de reunificación familiar –que deberá acreditarse indubitadamente–, el Reino de Marruecos es el Estado que ha de hacerse cargo de cualquier menor", explican recordando que Marruecos ha sido calificado por el Consejo y Parlamento Europeo como "país seguro a todos los efectos y es público y notorio que ha manifestado su interés en la devolución y retorno de todos los extranjeros, incluidos los menores".
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha informado de que el Ejecutivo autonómico tampoco va a participar en la Comisión Sectorial y que así se lo han comunicado formalmente a Sira Rego, a quien también ha anunciado el rechazo de Extremadura "a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado y resuelto individualmente la situación jurídica de cada menor".
"Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", ha señalado Fernández.
El vicepresidente considera que el Estado debe abrir, instruir y resolver los expedientes individualizados que establece la legislación de extranjería y determinar, atendiendo al interés superior del menor, si procede la reunificación familiar o el retorno a su país de origen. "Extremadura no puede asumir las consecuencias de una competencia que es exclusivamente estatal", ha defendido.
Cree que "la prioridad" debe ser que los menores "estén con sus familias" y que se facilite su retorno cuando legalmente proceda, "evitando decisiones colectivas que puedan dificultar la localización de sus progenitores y retrasar los procedimientos de reunificación".
Fernández ha advertido, además, de que trasladar a estos menores por distintos territorios de España antes de resolver su situación "puede alejarles de sus familias" y "complicar una solución que debería ser rápida, individualizada y garantista".
Rechazo también de Aragón
Por su parte, y con muy similares argumentos, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), ha anunciado que tampoco asistirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y ha transmitido a Rego en una carta su negativa a acoger menores no acompañados.
Nolasco ha denunciado que en la convocatoria del Ministerio remitida a las regiones "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles". Una convocatoria que "tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera".
El Gobierno de Aragón exige al Gobierno de España abstenerse de preparar, acordar o ejecutar traslado alguno de menas procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente. También, remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda. El Gobierno de Aragón impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.
Al mismo tiempo, Nolasco ha reiterado a la ministra Rego que "el Estado debe acreditar la minoría de edad de los menas", así como "tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada".