La acusación popular del caso Begoña Gómez, liderada por la Asociación Hazte Oír, remitió el escrito de acusación al juez Peinado en el que relataba el ascenso profesional de Gómez valiéndose de la condición de mujer del presidente del Gobierno.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, de juzgar a la mujer de Pedro Sánchez, junto a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias y malversación. El tercer acusado, Juan Carlos Barrabés, logró evitar el juicio. A continuación la acusación popular envió a Peinado un escrito a Peinado pidiendo 13 años de cárcel para Gómez y la comparecencia como testigo del Presidente del Gobierno.
"Desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del gobierno, aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales", señala el mencionado escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Libertad Digital.
"Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical a su trayectoria profesional. En junio de 2018 o, en cualquier caso, de forma concomitante o cercana a la llegada de su esposo al poder, solicitó excedencia en Inmark y, con el fin de acceder a círculos de poder e influencia, progresó en ese cambio profesional", añade.
Siguiendo con el relato, Gómez fue nombrada en el año 2018 como directora del IE Africa Center pero manteniendo su puesto en la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising. Más tarde, el 2020, impulsó la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (conocida como Cátedra TSC) y se formalizó en octubre de 2020. "Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense", precisa el escrito.
La amistad con Cristina Álvarez
Sobre su asesora en Moncloa el escrito precisa que a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000 se forjó la amistad entre ambas. Solo un mes y medio después de que Pedro Sánchez accediese a la presidencia del Gobierno en 2018, Gómez propuso la contratación de Álvarez como personal eventual de la Administración.
"El vicesecretario general de Presidencia del Gobierno, Sr. D. Alfredo González Gómez, dio instrucciones para nombrar en calidad de personal eventual a Cristina Álvarez, como directora de Programas del Gabinete de la Presidencia, con efectividad del día 16 de julio de 2018", explica el escrito remitido al juez.
El trabajo de Álvarez se desarrollaba de manera habitual en el Palacio de la Moncloa y, según la declaración de la propia Begoña Gómez, esto no comprendía la gestión de su agenda. "Cristina Álvarez conoció siempre y aceptó libre y voluntariamente, tanto los motivos de su contratación como las razones y finalidad con la que se realizaba la misma; infiriéndose sus funciones de la naturaleza misma del cargo y de la finalidad pública que lo justifica, finalidad que en modo alguno comprende la gestión privada de cátedras universitarias, proyectos empresariales ni relaciones con patrocinadores", señala la acusación popular.