El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir adelante con el polémico Estatuto Marco sanitario, a pesar de la oposición frontal de buena parte de los médicos y de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso.
La aprobación llega después de meses de conflicto entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones médicas, que han protagonizado cinco semanas de huelga durante la primera mitad del año y han anunciado nuevas movilizaciones tras el verano. El Comité de Huelga mantiene su rechazo al texto y no descarta una huelga indefinida, mientras que la Asociación MIR España también respalda esta posibilidad a partir de octubre.
Por su parte, el Gobierno defiende que la reforma actualiza un marco laboral vigente desde 2003 y que supone una "mejora sustancial" de las condiciones de los profesionales sanitarios. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que se trata de una "reforma laboral sanitaria pendiente desde hace 23 años" y que permitirá adaptar la normativa al presente y al futuro del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, para los médicos la aprobación del proyecto no supone el final del conflicto. Los sindicatos CESM, SMA y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) llevan meses reclamando que los facultativos dispongan de un estatuto propio y de un ámbito de negociación específico que tenga en cuenta las particularidades de su profesión, su responsabilidad y sus condiciones laborales.
Los médicos mantienen la presión contra Mónica García
El Comité de Huelga ha advertido este martes de que "aprobar el proyecto en Consejo de Ministros no significa resolver el conflicto". Los médicos aseguran que continuarán defendiendo sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y que mantendrán "todas las medidas de presión y movilización necesarias" mientras no se resuelvan las causas que originaron el conflicto.
Apemyf considera que la aprobación de la reforma "ignora las reivindicaciones de médicos y facultativos" y denuncia que el texto mantiene una jornada que, a su juicio, puede llegar a alcanzar las 75 horas semanales. La organización también cuestiona que las guardias de 24 horas hayan desaparecido realmente del proyecto, al considerar que siguen siendo posibles bajo determinadas circunstancias y mediante el consentimiento del profesional.
La Asociación MIR España comparte parte de estas críticas. Su presidente, Jesús Arzúa, reconoce que el proyecto incorpora "algunos avances", pero considera que son "totalmente insuficientes" para conseguir que los médicos jóvenes permanezcan en la sanidad pública.
Asimismo, Arzúa denuncia que el texto está "lleno de excepciones y de asteriscos" y cuestiona que el consentimiento individual pueda utilizarse para superar los límites de jornada. "No podemos utilizar el consentimiento individual como mecanismo estructural para solucionar déficit de plantilla", ha señalado.
La asociación, integrada en Apemyf, se ha mostrado además a favor de una posible huelga indefinida y ha reclamado la dimisión de Mónica García. Según Arzúa, la ministra no ha recibido a los representantes de los médicos residentes en ningún momento. "La llegada del Estatuto Marco al Consejo de Ministros no pone fin al conflicto, simplemente abre una nueva fase", ha advertido.
17 horas de guardia y 45 horas semanales
Uno de los principales cambios del nuevo Estatuto Marco es la reducción de las guardias médicas. El proyecto establece que tendrán una duración máxima de 17 horas de trabajo efectivo frente a las 24 horas actuales y garantiza que no se pueda exigir al profesional realizar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia.
Los periodos de descanso vinculados a la guardia computarán como jornada realizada y no podrán ser recuperados posteriormente. Además, cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá superar las 17 horas.
El texto contempla, no obstante, excepciones. De forma excepcional, las guardias podrán llegar a las 24 horas continuadas en puestos de difícil cobertura y durante fines de semana y festivos. Para ello será necesario el consentimiento expreso y voluntario del profesional y un informe previo del servicio de prevención de riesgos laborales.
Las Comunidades Autónomas también podrán reducir las guardias hasta las 12 horas e incluso implantar un sistema de trabajo por turnos si así lo acuerdan con los sindicatos médicos.
La jornada máxima semanal queda fijada en 45 horas, por debajo del límite europeo de 48 horas. El proyecto establece que, con carácter general, sólo podrá realizarse una guardia a la semana.
Además, los servicios de salud que todavía superen el equivalente a las 35 horas semanales deberán avanzar progresivamente hacia esa jornada, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y garantizando la calidad de la asistencia.
La norma incorpora por primera vez el concepto de "carga horaria excesiva". Se podrán activar medidas organizativas y preventivas cuando exista una sobrecarga continuada y las administraciones competentes deberán reforzar las plantillas. Entre los supuestos contemplados figura la realización sostenida de más de cinco guardias presenciales al mes.
Más estabilidad y nuevos derechos
El proyecto también pretende reducir la temporalidad en la sanidad pública. Los procesos de selección de personal estatutario fijo deberán convocarse, con carácter general, al menos cada dos años y tendrán un plazo máximo de resolución de 18 meses.
Los nombramientos temporales para plazas vacantes tendrán una duración máxima de tres años y, en casos de abuso de la temporalidad, se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por cada año de servicio.
La movilidad voluntaria se modifica mediante un sistema de concurso abierto y permanente, con adjudicaciones al menos una vez al año y abierto en igualdad de condiciones al personal estatutario fijo de los distintos servicios de salud.
El Estatuto también reconoce expresamente el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las administraciones deberán favorecer la flexibilización horaria y la planificación anticipada de los turnos.
Se amplían asimismo los supuestos en los que se podrá solicitar la exención de guardias: embarazo y lactancia natural, reducción de jornada para el cuidado de hijos, determinadas circunstancias de salud y profesionales mayores de 55 años. También se reconoce el derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo.
Nueva clasificación profesional
Otra de las novedades es la actualización de la clasificación profesional para adaptarla al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y a la estructura actual de la formación sanitaria.
El personal sanitario se distribuirá en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4 en función de la titulación requerida, desde el doctorado hasta las titulaciones de técnico. El personal de gestión y servicios se clasificará en grupos del 8 al 2.
La nueva clasificación tendrá efectos administrativos y retributivos, aunque no modificará la jerarquía funcional ni las competencias de las distintas profesiones sanitarias.
El texto crea además, por primera vez, la figura del personal estatutario investigador, con categorías profesionales propias dentro de los servicios de salud. Para acceder a ella será necesario disponer del título de doctor y dedicar al menos el 50% de la jornada a la investigación.
Los puestos directivos deberán contar con una mayor profesionalización. El acceso exigirá titulación universitaria de grado y se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia. Los directivos estarán además sometidos a procedimientos de evaluación de su desempeño y resultados.
Las autonomías del PP también rechazan el texto
El rechazo al Estatuto Marco no procede únicamente de las organizaciones médicas. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han exigido en distintos Consejos Interterritoriales que se retire el proyecto y se vuelva a iniciar su elaboración desde el consenso.
Las regiones han advertido de las dificultades que puede generar la aplicación de algunas de las medidas, especialmente en relación con las guardias y la organización de los servicios sanitarios. Madrid ha defendido que no rechaza el objetivo de modificar el actual sistema de guardias, sino la ausencia de una planificación que permita hacerlo sin poner en riesgo la asistencia sanitaria.
La propia Mónica García descartó en julio reiniciar la negociación pese a las exigencias de las comunidades. "No lo voy a hacer", afirmó entonces, defendiendo que no iba a dejar en suspenso unas condiciones laborales que los profesionales llevan años esperando.
La ministra sostuvo también que no iba a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios que participaron en la negociación. El problema es que las principales organizaciones médicas han quedado fuera de ese respaldo y han mantenido una posición frontal contra el texto.
El PP señala directamente a Sánchez
El Partido Popular ha responsabilizado directamente a Pedro Sánchez de la aprobación del proyecto y considera que el presidente se ha convertido en "cómplice" de Mónica García.
"Ya no estamos sólo ante el fracaso de una ministra: estamos ante la responsabilidad de todo el Gobierno y, en primer lugar, de su presidente", han señalado fuentes del PP, que consideran que el Ejecutivo no puede esconderse detrás de la ministra de Sanidad.
Los populares denuncian que el Estatuto "no cuenta con el apoyo de nadie" y acusan al Gobierno de haber provocado una confrontación con los médicos. "Aprobar no es acordar" e "imponer no es dialogar", sostienen.
El PP considera que el Gobierno debería haber utilizado los meses de negociación para escuchar a los profesionales, acercar posiciones, aportar seguridad jurídica y acreditar la viabilidad técnica y económica de las medidas planteadas.
A su juicio, el resultado es un escenario de "médicos en huelga, organizaciones profesionales enfrentadas al Ministerio, sindicatos del ámbito que se sienten traicionados y una conflictividad sanitaria sin precedentes" que ya habría repercutido en los pacientes con consultas, pruebas e intervenciones suspendidas.
Una reforma esperada por otros profesionales
Frente al rechazo de las organizaciones médicas, otros colectivos sanitarios sí esperan la aprobación del Estatuto Marco. Es el caso de Enfermería, que aspira a que su categoría profesional sea reconocida como un grado universitario acorde con su formación y competencias actuales, en lugar de como una diplomatura.
El nuevo Estatuto da a las comunidades autónomas cinco años para incorporar las reformas que afectan a su marco de competencias en la gestión de los servicios de salud.
El proyecto inicia ahora su recorrido parlamentario con el Gobierno defendiendo que supone la actualización de una normativa de más de dos décadas y los médicos advirtiendo de que la aprobación en Consejo de Ministros no pone punto final a sus protestas.