La Policía Nacional ha expulsado de Ceuta a tres inmigrantes que contaban con antecedentes relacionados con el yihadismo tras ser identificados entre las personas que asaltaron el vallado fronterizo de la ciudad autónoma a finales de julio. Otras siete personas están siendo investigadas por tener un perfil similar, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, según han confirmado fuentes policiales.
A estos diez perfiles vinculados, en distinto grado, con el radicalismo islámico se suma otro dato que preocupa a los investigadores: más de 50 inmigrantes identificados tras el asalto tenían órdenes de expulsión de España en vigor. Se trata de personas que ya habían pasado anteriormente por territorio español y sobre las que las autoridades habían acordado su salida, pero que han conseguido regresar al país y acceder nuevamente a territorio nacional.
La existencia de estos casos evidencia las dificultades para ejecutar las órdenes de expulsión y controlar posteriormente el regreso de personas que tienen prohibida su permanencia en España. En algunos casos, según las fuentes consultadas, se trata de individuos que fueron expulsados después de haber cometido delitos de distinta gravedad, y que ahora han regresado. Algunos de ellos ya han sido expulsados y otros todavía no.
La cifra oficial de expulsados desde el asalto masivo a Ceuta a finales de julio se sitúa en estos momentos en 214, según datos del Ministerio del Interior, mientras que el número de inmigrantes que habrían regresado de manera voluntaria en las últimas semanas ascendería a 3.519 inmigrantes. La diferencia es relevante: los retornos voluntarios no requieren de ningún trámite, mientras que las expulsiones requieren procedimientos individualizados.
Un mes después del asalto, el Gobierno calcula que alrededor de 5.000 inmigrantes continúan en Ceuta, mientras se amplía la capacidad de acogida para evitar que permanezcan en las calles. El Ejecutivo ha anunciado nuevas instalaciones y trabaja para alcanzar unas 6.000 plazas. Paralelamente, las autoridades mantienen los controles sobre quienes siguen en situación irregular y tratan de acelerar las expulsiones cuando existe base legal para ello.
El gran problema es que la situación en Ceuta no mejora, pues sigue habiendo falta de medios humanos y materiales para controlar la situación y tampoco hay protocolos de actuación claros. Por si fuera poco, la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional ha entregado en las últimas horas un demoledor informe a la Audiencia Nacional en el que cuestiona duramente la gestión que el Gobierno hizo de la invasión a Ceuta.