El Gobierno sigue con su línea de retorcer la realidad de lo acontecido en las últimas semanas en Ceuta hasta límite insospechados. Especialmente después de que en las últimas horas la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional haya entregado un informe a la Audiencia Nacional en el que se culpa a Marruecos del asalto sobre el perímetro fronterizo de la ciudad y delata que el Gobierno tenía información de lo que iba a suceder.
La primera reacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido enviar una carta a su subordinado y hombre de confianza, el director general de la Policía Nacional, Pedro Pardo Piqueras, en la que le exigía que le informase sobre el informe entregado a la jueza María Tardón, sobre por qué en el mismo se hablaba de un aviso sobre la invasión del que él supuestamente no sabía nada y de los datos relativos a la participación marroquí.
Apenas unas horas después de la carta enviada por el ministro al responsable político de la Policía ha llegado la misiva de respuesta. En la misma, según han informado fuentes del Ministerio del Interior, el que fuera mano derecha de José Bono explica a su actual jefe que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido".
Respecto al conocimiento anticipado de la crisis por parte de las instituciones, el responsable policial se muestra categórico negando la mayor en su contestación al titular de Interior. Dice que no consta en los registros oficiales ningún aviso previo ni alerta de inteligencia que permitiera prever la dimensión del asalto y que los avisos que hubo fueron con un nivel de alerta frecuente.
El director de la Policía dice que el informe remitido a la Audiencia Nacional "carece de carácter vinculante para determinar responsabilidades geopolíticas". En este sentido, subraya que las valoraciones contenidas respondían exclusivamente a "un análisis preliminar sin el contraste exhaustivo de los servicios centrales".'
Por último, justifica el hecho de que la existencia del informe no llegase con anterioridad al ministro del Interior: "La juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo".