El informe entregado por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en la Audiencia Nacional por petición de la magistrada María Tardón no ha sentado nada bien en el seno de la institución. El documento recoge advertencias previas sobre una posible entrada masiva en Ceuta y ha provocado malestar entre agentes y organizaciones sindicales, que consideran especialmente grave que existiera información anticipada y no se reforzaran los dispositivos.
Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía, ha reclamado responsabilidades políticas y la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ya que tuvieron conocimiento de las advertencias y no adoptaron medidas para proteger ni a los agentes fronterizos ni a la ciudadanía.
El sindicato policial ha recordado que desde el 28 de julio ya advertía de que la situación en Ceuta era "insostenible" y reclamaba un refuerzo urgente de medios humanos y materiales para la Policía Nacional. Según el sindicato, la petición de aumentar la seguridad en la ciudad autónoma también fue trasladada por la Asamblea de Ceuta al Ministerio del Interior, que la rechazó pese a conocer los riesgos que había.
"No estamos hablando únicamente de una cuestión política. Estamos hablando de la seguridad de nuestros policías y de la población. Se puso en riesgo a los agentes de la Policía Nacional y a miles de ciudadanos pese a que existían alertas previas", han denunciado desde el sindicato, que reclama también una "política de Estado" para proteger las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El sindicato quiere que se investigue si el hecho de que el director de la Policía Nacional pasara sus vacaciones de verano en Marruecos en 2025 tiene algo reprochable o ilícito y considera que los tres "responsables políticos deben asumir responsabilidades y explicar por qué, pese a las advertencias previas, no adoptaron las medidas necesarias para proteger a los policías y a la población de Ceuta".
En parecidos términos se ha posicionado Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil hermana de Jupol, al exigir la dimisión inmediata de Marlaska, Pardo Piqueras y el delegado del Gobierno en Ceuta. La organización recalca que las autoridades contaban con un aviso previo sobre el "riesgo extremo" de entradas masivas, por lo que consideran esta inacción como una negligencia inaceptable que dejó desprotegida a la ciudad autónoma.
Asimismo, denuncian la extrema vulnerabilidad sufrida por los agentes en el perímetro fronterizo, quienes afrontaron la amenaza sin los refuerzos ni la planificación necesarios. Para el colectivo resulta inadmisible que los guardias civiles actúen como última barrera de contención mientras quienes debían anticiparse evaden sus responsabilidades.