
El adelanto electoral previsto para el 29 de noviembre ha coincidido con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para impedir el influjo en el censo electoral de aquellas personas que habían obtenido su nacionalidad a través de la polémica Ley de Nietos. Estos comicios adelantados no estaban contemplados y ahora el Supremo tendrá que pronunciarse sobre el alcance de estas medidas cautelares antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. Este martes, la Sala Tercera del Supremo deliberará al respecto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes a las 9:00 de la mañana el adelanto electoral después de un fin de semana de reflexión y del fracaso de los decretos en materia de vivienda impulsados por el desahucio de Mari Carmen. Por este desahucio todavía permanecen en Sol acampados numerosos manifestantes después de que este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazase su desalojo.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tendrá que aclarar próximamente la forma en la que alcanzan las medidas cautelares aprobadas contra la Ley de Nietos el pasado 10 de septiembre. Las mismas fuentes precisan que el Tribunal Supremo tendrá que aclarar cuántas personas se han inscrito con la mencionada Ley y si estas mismas personas podrán votar en las próximas elecciones generales.
Los votos de las personas que se encuentran en el extranjero se contabilizan dentro del Censo de Españoles Residentes Ausentes (conocido como CERA) y el Tribunal Supremo señaló en el auto por el que se acordaban las medidas cautelares que en las últimas elecciones generales figuraban 2.328.260 personas inscritas en este censo mientras que el número había ascendido hasta las 2.736.522 personas contabilizadas a 1 de julio de 2026.
"Esto es, por tanto, un total de 408.262 electores más, de los que circunscripciones electorales como Madrid, con 115.572 electores más o Barcelona, con 43.439 electores más, revelan un incremento excepcional de electores inscritos en el CERA, que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022 y de la Instrucción que interpreta la aplicación de la Disposición Adicional 8ª.1.Inciso primero de la misma", explicaba el auto.
Ante el adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez se ha pronunciado Iustitia Europa, el partido político que presentó la primera denuncia contra la polémica ley y que motivó una de las vistas para estudiar la adopción de las medidas restrictivas. La formación ha solicitado al Tribunal Supremo que "con carácter urgente" pida a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que informen de cuál es el estado de ejecución de estas medidas cautelares. Tras el pronunciamiento de Iustitia Europa, Vox, la otra formación política que impulsó las medidas cautelares, ha hecho lo propio.
El escrito remitido al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso este diario, explica que para la convocatoria electoral del próximo mes de noviembre el censo de referencia es el del 1 de agosto, es decir, un censo anterior al auto del Supremo que frenaba los efectos en el censo electoral de la ley. Es por eso por lo que "pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales".
No obstante, el partido explica que las próximas elecciones del 29 de noviembre son un proceso electoral contemplado dentro de la previsión cautelar y que por tanto la medida permanece vigente hasta una sentencia firme.
El partido político también ha pedido al Supremo que "acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta Sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026 antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral".
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